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miércoles, noviembre 18, 2026

Insólito: Con la ley ómnibus, Milei le exige al Congreso que le apruebe el DNU

Tras amenazar con sacar su decreto por plebiscito, el Presidente incluyó una mención al DNU del miércoles pasado en la Ley “Ómnibus” que envió al Congreso. Además, prevé una serie de medidas que van en contra de la división de poderes y contra derechos adquiridos.

El presidente Javier Milei finalmente envió esta tarde al Congreso el proyecto de ley conocido como “Ómnibus”, que continúa con la desregulación de la economía, pero, además, se mete en diversas áreas con algunas normativas que implican lisa y llanamente decisiones escandalosas.

En el paquete de leyes denominadas “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” uno de los puntos que incluye Javier Milei, le exige al Poder Legislativo el aval al mega DNU.

De manera insólita, en las disposiciones finales del corpus legislativo, el artículo 654 del paquete de leyes estipula “ratificase el DNU 70/23”.

Por otro lado, el Ejecutivo se atribuye facultades de emitir deuda sin consulta de Congreso, algo que había sido refrendado en el tratamiento del último canje de deuda. La traba al festival de bonos nació luego del megapréstamo que el FMI le otorgó a Macri no se discutiera en el Parlamento.

En febrero de 2021, el Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública, una estrategia ideada por el exministro de Economía Martín Guzmán en medio de la negociación con el Fondo. El mismo establece que las negociaciones en materia de deuda con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con aval del Congreso. Con la Ley “Ómnibus”, ahora el gobierno de Milei pretende eliminarlo para que Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía ahora y con Mauricio Macri vuelva a tomar deuda.

Derecho a la protesta

En el “Capítulo 1 Seguridad Interior, Sección 1 – Organización de Manifestaciones”, Milei pide al Congreso que apruebe un articulado que modifica el Código Penal de la Nación para reprimir el derecho a la protesta social e incluso de reunión, creando incluso un tipo penal de “coordinador de reuniones”. bajo amenaza expresa de prisión efectiva para dirigentes sociales.

En concreto, el gobierno libertario propone modificar el artículo 194 del Código Penal por otro que señala: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses”.

Jubilados

El Gobierno pretende eliminar la Ley de Movilidad Jubilatoria, liquidar los fondos estatales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, permitir el libre endeudamiento y terminar con las PASO.

Entre las grandes reformas, el Poder Ejecutivo plantea desprenderse de las acciones del Estado en empresas privadas que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Derogando la Ley de Movilidad Jubilatoria se podría otorgar aumentos de forma discrecional. Además, apunta a desactivar el artículo 1° de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública que limita la toma de préstamos sobre la base del Presupuesto.

Aborto legal y Ley Micaela

Los cambios propuestos se pueden encontrar en el capítulo “niñez y familia”. En primer término, las modificaciones son para la Ley 27.611 de Mil Días, aprobada en la madrugada del 30 de diciembre de 2020, junto con la 26.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ambas normativas fueron ampliamente debatidas tanto en el Congreso como a nivel social, en las calles, en las redes sociales y en los medios de comunicación, de la mano de especialistas en la materia.

Los cambios que se observan desde el primer artículo en donde habla del “niño por nacer”. Esa figura es utilizada por quienes se oponen al derecho al aborto -en cualquier caso, incluso de violación o hasta cuando se trata de tratamientos anticonceptivos, como la pastilla del día después.

En cuanto a la Ley Micaela, el Gobierno proponen quitar la obligatoriedad de las capacitaciones para los tres Poderes del Estado. De aprobarse la nueva normativa, un funcionaria de cualquier repartición pública podrá atender casos de violencia de género sin capacitación alguna, con lo que eso significa.

Privatización de las empresas públicas

Se dispone la privatización de aquellas empresas y sociedades “de propiedad total o mayoritaria estatal” entre las que se encuentran: Aerolíneas Argentinas; YPF;  Banco Nación; Casa de Moneda Correo Argentino; ARSAT; AySA; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.

Como ya se había anticipado, la intención del Gobierno es constituir sociedades anónimas “en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

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