Casi como si fuera una constante, los intendentes que acompañarán a Yarade junto a Alternativa Federal, han sido denunciados e investigados por causas de corrupción en sus municipios.

Fernando Yarade, ya confirmado candidato a  gobernador por Salta, comenzó su campaña y ya tiene el apoyo de algunos intendentes del interior. Los que se muestran a su lado tienen fuertes denuncias por corrupción en sus municipios. 

Al parecer, al “Flaco-Yarade” no le importaría distinguir entre quienes tienen causas abiertas por denuncias de corrupción y jefes comunales “honestos”. Tal vez por esto, el viernes pasado, el Jefe de Gabinete y uno de los flamantes pre-candidatos a gobernador de Salta, se reunió con un grupo de intendentes que tienen un grave prontuario.

Estuvieron presentes todos hombres del justicialismo (salvo Isidro Ruarte que viene de las filas del radicalismo) que se han hecho conocidos, en gran parte, por causas en las que estuvieron involucrados.

Veamos quienes estuvieron:

Rubén Mendez

El intendente de Salvador Mazza, fue destituido en el año 2017 luego de un juicio político en el que se lo acusó de malversación de fondos públicos y nula respuesta  a los reiterados pedidos de informe por parte del Concejo Deliberante. Lo escandaloso fue que tras la destitución, el intendente apeló la medida y los jueces le restituyeron el poder, en lo que se consideró una maniobra, cuanto menos, “extraña”. Como dato de color, cabe recordar que el hermano de Méndez, fue detenido en Tucumán, luego de haber sido encontrado con seis kilos de drogas.

Marcelo Lara Gros

El más poderoso de Orán. Sus causas resultan más complejas ya que se lo acusó de prácticas clientelistas y burocráticas como mecanismos de control del poder, tal como consta en la denuncia penal interpuesta  por Jorge Chavarria, quien  representa a la empresa  Tacuar dedicada a la colocación de semáforos; en concepto de malversación de medio  millón de pesos sobre una obra que la empresa gano, hizo y no le pagaron. Estas denuncias  generaron  reacciones de la fracción opositora del Concejo Deliberante, encabezadas por el concejal Ariel Pomares, quien  a su vez denunció que le llegaron cheques por una compra de camiones con sobrefacturación.

Al parecer, el municipio emitió cheques por 6 millones de pesos, lo que equivalía a comprar ocho camiones, no cinco como finalmente se hizo. Los pedidos de informe nunca se entregaron.

Isidro Ruarte

Lleva cinco mandatos en Mosoni, es decir, veinte años en el poder. Ruarte articuló dos estrategias políticas en  su larga gestión: Reclutamiento  cerrado para algunas funciones y la exclusión de los disidentes a su gestión. A su vez, durante agosto del año pasado sumió al Concejo Deliberante en una crisis institucional al dividir y crear un Consejo paralelo para  aprobar el presupuesto con  cinco concejales, algo que va contra el Reglamento.

A esto, se le suma una causa por malversación de fondos públicos de 400 mil pesos, de una obra que nunca se realizó.

Julio Jalitt

Es otro de los intendentes enquistados en el poder. Teniendo a su cargo el empobrecido municipio de Pichanal, tiene en su haber reiteradas denuncias por abuso y concentración del poder. Desde el Concejo Deliberante se señala que veta automáticamente todas las ordenanzas aprobadas.  En sus cuatro mandatos, iniciados en el 2003,  evitó rendir cuentas al Concejo de las ejecuciones presupuestarias y el destino de los recursos recibidos de la Nación y la Provincia.  Desde 2005, su patrimonio personal empezó a multiplicarse con vehículos de alta gama, camiones, maquinarias agrícolas, equipos viales y más de una decena de fincas. La mayor parte de las operaciones inmobiliarias las cerró entre 2009 y 2010. Desde el año 2009, se le atribuyen denuncias por malversación de fondos públicos que superan los dos millones de pesos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y abuso de poder.

Fredy Llaya

Intendente de Embarcación.  Saltó a la “fama” nacional cuando fue denunciado por el canal nacional TN como el “Intendente ploteador”,  porque había colocado afiches con  su nombre hasta en el banco de las plazas.

Con mayor gravedad, su nombre también resonó en los juicios de lesa humanidad, implicándolo en la colaboración empresarial con el Terrorismo de Estado, ya que testigos  de estos procesos judiciales aseguran que Gendarmería trasladaba a torturados y desaparecidos  en  un camión Mercedes Benz 608 color amarillo propiedad de la firma Llaya hermanos, empresa de la que el intendente es  socio.

Atta Gerala

En Morillo lleva doce años en la gestión, caracterizándose por reiteradas denuncias del uso de violencia institucional, entre las que pesa la muerte de Pablo Moreno, que apareció muerto en una comisaría en la que se encontraba detenido por piquetero. Además, se realiza actualmente una auditoria, que impulsa la causa que inicia el procesamiento y elevación a  juicio por malversación de fondos públicos, manejo irregular y enriquecimiento ilícito.

Moisés Balderrama

Es el intendente del municipio más pobre de la provincia: Santa Victoria Este. Balderrama va por su cuarto período, con números de pobreza que resultan aterradores.  Con 11.809 habitantes que viven en condiciones de pobreza estructural,  el 58% de la población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas. Por otro lado, las familias que viven de la subsistencia, sufren año tras año las inundaciones, son el foco de los medios nacionales por el flagelo de la desnutrición, el desempleo y la pobreza crónica.

Con este grupo, Fernando Yarade quiere posicionarse como uno candidato fuerte para pelear la gobernación. El lema bajo el cual ya se está promocionando Alternativa Federal es “Sabemos cómo hacerlo”. La gestión de sus intendentes aliados demuestra lo que pueden y saben hacer.

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