En medio del escándalo por la muerte de un niño en La Merced, el intendente se atrinchera en el cargo, niega responsabilidades y denuncia “uso político” de la tragedia.
En el ojo de la tormenta, Javier Wayar volvió a hablar: fue para comunicar que no piensa renunciar y que su intención es terminar el mandato, pese a la a la conmoción en el pueblo y la presión social, política y judicial que crece en La Merced.
El jefe comunal quedó en el centro de la escena tras la muerte de un niño de cinco años, atropellado por una persona muy cercana a él que conducía una camioneta de su propiedad. Desde entonces, el caso desató una crisis que excede lo policial y se metió de lleno en la política local. Sin embargo, Wayar insiste en despegarse: asegura que no tuvo participación en el hecho y que todo debe resolverse en la Justicia.
Lejos de mostrar señales de repliegue, endureció el discurso. “No soy un asesino, no maté a nadie”, planteó a El Tribuno, al tiempo que denunció que la tragedia fue utilizada para golpearlo políticamente. Según su mirada, el caso adquirió una dimensión mayor por tratarse de él, y no por la gravedad en sí del hecho.
El problema es que afuera del despacho la realidad es otra. Hubo protestas, bronca en la calle y pedidos concretos para que deje el cargo. Incluso sectores políticos avanzaron con la posibilidad de una intervención, en un contexto donde la crisis institucional empezó a correr en paralelo a la investigación judicial.
Wayar, sin embargo, se aferra al cargo y se apoya en el argumento de la legitimidad electoral, al señalar: “me eligió la gente”. También dice tener “un respaldo de parte de la comunidad”.
Mientras tanto, intenta correr el eje: habla de dolor, de confusión y de una situación que lo golpeó “en lo humano”, pero sin asumir responsabilidad directa.
En ese equilibrio incómodo entre defensa política y tragedia social, el intendente eligió una línea clara: resistir. Aunque días atrás había dejado entrever que la renuncia “se le pasó por la cabeza”, ahora la decisión parece cerrada.