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Justicia | La implementación del sistema acusatorio dinamizó las causas penales

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Desde 2019 se implementa en Salta y Jujuy el sistema acusatorio como forma de organizar el proceso penal. Los cambios permitieron mantener un sistema activo aún en tiempos de cuarentena. Por Rocío Mariscal (*)

La justicia es un servicio esencial y la sociedad es el usuario. Se suelen escuchar quejas sobre el funcionamiento de la justicia: que es lenta, que sus operadores tienen muchas vacaciones, que el horario de atención es reducido, que existen situaciones de trato desigual, entre tantas otras, es decir que cada persona que haya necesitado del servicio de justicia, con poco o mayor contacto, tiene una opinión sobre el sistema en función.

El día 10 de junio del 2019 entró en vigencia el sistema acusatorio en la jurisdicción de las provincias de Salta y Jujuy, con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal. La Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, a cargo del monitoreo e implementación del nuevo Código, eligió estas dos provincias para comenzar con la reforma de todo el fuero federal del país, completando de tal manera el modelo constitucional que, en numerosas normas, hace referencia a la adopción de un modelo acusatorio.

El sistema inquisitivo y el acusatorio son dos formas de organizar el proceso penal con diferencias estructurales, principalmente en relación a las funciones y facultades de los jueces y los fiscales. Hasta el año pasado, la justicia federal de Salta y Jujuy contaba con un modelo procesal denominado “mixto”, esto significa que existía un juez de instrucción que investigaba y juzgaba, delegando algunos casos en la figura del fiscal, en el que el sistema penal expropiaba el hecho delictivo a la víctima (al momento en que radicaba denuncia), para continuar con el proceso. La víctima era excluida, a excepción del caso en el que se constituyera en querellante, debiendo contar con la asistencia de un abogado para proponer medidas y tener algunas intervenciones durante el proceso.

Además, en aquellos casos en que la investigación era llevada a juicio, se abría una nueva etapa en la cual intervenían otros jueces y fiscales que debían estudiar el caso de cero. Ello traía aparejadas ciertas ventajas para un imputado u organización criminal, ya que el cambio de fiscales, desde la instrucción (o investigación) hasta el juicio, terminaba dilatando los procesos. Por el contrario, las personas imputadas de un delito contaban, en la mayoría de los casos, con el mismo defensor desde el inicio de la causa, quien sostenía una estrategia orientada en general a conseguir nulidades procesales o bien a dilatar en el tiempo el trámite de un expediente.

Esa situación generaba entonces ineficiencia e ineficacia en el proceso penal e impactaba directamente sobre las personas sometidas a él, debido a que existía (aún existe) un gran porcentaje de personas detenidas en prisión preventiva sin condena. Además implicaba una perdida en materia de recursos humanos. A modo de ejemplo, en los casos penales intervenía el fiscal de instrucción (investigaba), pero si se cuestionaba alguna decisión del juez de instrucción (apelación) intervenía un nuevo fiscal, el de cámara. Luego, si el proceso superaba esa instancia, actuaba el fiscal de juicio y, eventualmente, el fiscal de casación (en caso de que se recurriera la decisión de los jueces del tribunal oral). Cabe destacar que cada nueva instancia suponía el estudio de cero del caso por parte de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, sin contar que las opiniones de los diferentes fiscales podían ser opuestas entre sí, generando gran demora en la conclusión de los casos. De este modo, un caso sencillo como de transporte de drogas en flagrancia tenía una demora promedio de dos años para ser resuelto.

El sistema acusatorio trae como principal característica la división de las funciones de investigar y de juzgar (Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial). Ello significa que sólo los fiscales pueden impulsar la acción penal, mientras que los jueces son los responsables de que se respeten las garantías del proceso para los intervinientes, especialmente del imputado. A ello se suma el cambio de rol de la víctima, a quien el Código Procesal Penal Federal le reconoce numerosos derechos, entre los que se destacan el de ser informada de todas las decisiones que adopte el fiscal, incluso poder oponerse o solicitar la revisión por un fiscal superior, superándose así un viejo paradigma que desplazaba a la víctima del proceso penal.

Por otra parte, el imputado se coloca en un plano de igualdad ante el fiscal, pudiendo generar su propia investigación, contando con la posibilidad de obtener otras opciones para finalizar el proceso penal.

Entre las herramientas brindadas a los fiscales, se destaca la posibilidad de disponer de la acción penal brindando otras opciones al proceso penal, por ejemplo mediante la conciliación o la suspensión del proceso a prueba, o a través de la aplicación de algún criterio de oportunidad.

Los cambios señalados no configuran meras cuestiones procesales o de forma, sino que han impactado directamente sobre la duración de los procesos penales y el respeto a los derechos de los imputados, utilizando el ejemplo antes mencionado de transporte de se obtienen sentencias condenatorias en menos de un año (desde que ingresa el caso y se llega a juicio o bien se firma un acuerdo pleno con el imputado).

Ese cambio, sumado a la mejora en la gestión de recursos, tanto humanos como procesales, impactó abismalmente en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. La creación de áreas específicas encargadas de litigar los casos que ingresan al sistema optimizó la tarea de los operadores y el intercambio de información logrando una persecución penal estratégica.

La puesta en marcha del sistema acusatorio meses antes del inicio de la pandemia permitió que las restricciones existentes durante las etapas de aislamiento no fueran obstáculo para que el sistema federal continuara funcionando, con las audiencias virtuales, el contacto telefónico y virtual con los abogados defensores, la facilitación del legajo digital, el sistema de gestión de casos del MPF y el contacto con las fuerzas de seguridad y las víctimas, quienes fueron permanente informadas de las decisiones adoptadas. Ello posibilitó que se continuara brindando el servicio de justicia de manera ininterrumpida, mejorando la respuesta a la sociedad en términos de tiempo y recursos.

Si bien la mejora de los puntos señalados al comienzo requiere de mucho esfuerzo y posibles revisiones (como ser los horarios de atención al público y los plazos de feria judicial), lo real es que el sistema de justicia no es inmodificable, al contrario, como todo ámbito de la sociedad es factible de cambios y debe ser revisado y modificado en pos de ofrecer a la sociedad el mejor servicio posible. La implementación del acusatorio en el fuero federal posibilita realizar esos ajustes de manera más dinámica pues este sistema brinda las herramientas para gestionar de manera más eficiente y eficaz los conflictos de la sociedad.

 

(*) Abogada. Secretaria Unidad Fiscal Federal Salta

 

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1 Comentario

  1. Totalmente de acuerdo;cualquier modificación q agilice y simplifique el accionar en cualquier ámbito de servicio público(salud;justicia etc);es no solo encomiable sino sumamente necesario
    En este caso es tal vez un granito de arena para ir en contra del conocido dicho”justicia lenta no es justicia”
    Gracias por la información Dra Rocio Mariscal!!!

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