Un intendente, el esposo de la intendenta Romero y el procurador García Castiella fueron víctimas de delitos que fueron resueltos rápidamente, a contramano de lo que sucede en casos de inseguridad que afectan a la ciudadanía.
El lunes 1ero de mayo el intendente de Tartagal, Mario Mimessi, denunció que alguien le rompió el vidrio de su camioneta para sacarle sus pertenencias. En tan solo cuatro días, el fiscal penal Rafael José Medina ordenó la detención de un hombre de 34 años y lo imputó por el delito de robo.
Apenas cinco días después se daba a conocer que el procurador general Pedro García Castiella había sido víctima de una estafa por medio de su tarjeta de crédito. Si bien el hecho ocurrió en febrero, hace unos días se logró detener a dos hombres que estarían vinculados a la estafa contra el jefe de fiscales.
Un tercer caso de inseguridad ocurrido en los últimos días tiene como víctima a Francisco Lavaque, empresario bodeguero y esposo de la intendenta capitalina Bettina Romero. Lavaque sufrió un robo en su camioneta, que estaba estacionada en las inmediaciones del club 20 de febrero.
Los hechos relatados describen una realidad atravesada por la inseguridad, una problemática que se profundiza cada vez más en toda la provincia. Basta con ingresar a la página web de la Policía de Salta para ver la cantidad de intervenciones por hechos delictivos contra ciudadanos de a pie y en camioneta también.
Además, queda al descubierto la prestación de un servicio de justicia selectivo, puesto que en otros casos en los que las víctimas son personas ajenas al poder político-judicial la investigación no se da con tanta rapidez y efectividad.