El máximo tribunal decidió intervenir ante la vulneración de derechos de presos, tras un recurso interpuesto por el Comité de Prevención contra la Tortura.
El Comité Provincial de Prevención contra la Tortura decidió presentar un habeas corpus ante la vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad alojadas en las comisarías salteñas. La Corte de Justicia se declaró competente para intervenir y responsabilizó al gobernador, Gustavo Sáenz, por la grave situación que se vive en las dependencias policiales.
En el recurso, el Comité contra la Tortura requirió que “se ordene la reparación de la situación lesiva en que se encuentran alojadas las personas privadas de libertad en establecimientos policiales”.
También pidió intimar a los organismos estatales responsables de la custodia a implementar “medidas específicas para garantizar condiciones de habitabilidad de dichas instalaciones que resulten compatibles con la dignidad humana”.
Luego de analizar los planteos del Comité, la Corte señaló como responsable al gobernador Gustavo Sáenz: “El planteo del Comité atribuyéndole, a la Provincia de Salta, una supuesta omisión con respecto a las condiciones de habitabilidad que brinda a las personas que, privadas de su libertad ambulatoria por diferentes motivos, se encuentran alojadas en dependencias estatales. Es menester recordar que la Provincia es representada legalmente por el titular del Poder Ejecutivo, quien además dirige y formula sus políticas, es jefe de la Administración centralizada y descentralizada y es el único órgano estatal que ejerce, ‘lato sensu’, función gubernativa”.
Y agrega: “De ese modo, si bien no se desconoce que algunas obligaciones legales podrían corresponder a cometidos de varias carteras del Poder Ejecutivo, resulta incontestable que el diseño de las políticas públicas en pos de la garantía de los derechos relativos a las personas privadas de su libertad ambulatoria, alojadas en dependencias policiales, pone en evidencia la voluntad política del Gobierno Provincial representado por su Poder Ejecutivo”.
Para la Corte, “la responsabilidad del jefe ejecutivo resulta independiente, activa, real, ejerce por sí la suma de su poder político, distribuyendo su acción administrativa general entre los jefes secundarios, cabezas de cada departamento”.