Leonel Guillermo Francia llegó sin signos vitales y graves heridas al hospital Papa Francisco y su mamá les dijo a los médicos «se cayó de un segundo piso». No le creyeron y está imputada por “homicidio calificado por el vínculo”.
El 17 de marzo, la escuela Ara Gral. Belgrano de Barrio Solidaridad, a la que asistía el niño de 11 años, activó el protocolo para casos de violencia familiar, al ver que llegó con fuertes señales de un golpiza y contar él mismo que le habían pegado en su casa. Sin embargo la Justicia no garantizó el resguardo de su integridad física y tampoco su vida.
Lidia Cardozo, madre de Leonel, lo llevó sin signos vitales al hospital Pp Francisco, argumentando que «se había caído del segundo piso» de la casa en construcción que habitaban, pero el grado de las lesiones del menor hizo que los profesionales dieran paso a la Justicia, por las sospechas de que haya muerto por maltratos.
“Escoriaciones en brazos, piernas, lesiones en el pie, un hematoma en el lóbulo frontal derecho de la cabeza, sangrado de oído y una herida abierta en el mentón”, fueron algunas de las heridas que informó el parte médico.
Cardozo, de 41 años, está imputada provisoriamente por el delito de homicidio calificado por el vínculo. El padre del menor estaba separado de la madre y no vivía con ellos. “La mamá le pegaba y lo tenía castigado todas las semanas sin comer. El nene le dijo a mi hija que él, cuando iba a la escuela, estaba con el desayuno de la escuela nada más, y él esperaba al otro día para volver a tomar el té y mi hija me decía que le compraba cosas en la escuela porque él tenía hambre”, señaló conmovida una vecina del barrio Solidaridad ante cronistas de la televisión.
En la sesión del Concejo Deliberante de Salta, la edil Laura Jorge Saravia, contó que es docente de la escuela a la que asistía Leonel y reprochó el accionar de la justicia provincial, porque luego de la denuncia policial de las autoridades escolares en marzo de este año, el Poder Judicial sólo se limitó a citar a citar a la madre, a quien se le leyó un artículo donde se le dijo que no puede ejercer violencia en contra del menor, para luego restituirlo a su hogar.
“Eso no es suficiente, tiene que haber un seguimiento de un niño que está en riesgo, ¿cómo puede que solo haya una advertencia y se deje al niño a su suerte?”, planteó la concejal.
Nefastos antecedentes locales
El caso se suma a otros en los que el Estado dio una cabal muestra de ineficacia y el Poder Judicial de Salta de su insensibilidad a la hora de proteger la vida de los niños y nos remonta a los antecedentes de Franchesca Colque en 2021, la niña de dos años que llego sin vida a un centro de Salud con claros signos de desnutrición, deshidratación y lesiones de vieja data, meses más tarde el Poder Judicial archivó las causas contra la jueza de Familia Mercedes Cabrera y las asesoras de Menores Noelia Pérez de González y Gabriela Cardón, tal como lo había solicitado el Fiscal Penal Marcos Molinati (un hombre que llegó a ese cargo a fines de 2019, pese a serias denuncias por violencia de género en su contra).
Se suma también otro hecho funesto e indignante ocurrido en 2015 y tuvo como víctima a Thiago Quipildor, el niño de cuatro años que vivía junto a sus tres hermanos en la casa de Marcelo Senise y Patricia Sánchez, quienes los habían adoptado a través del subprograma Sistemas Alternativos de la Dirección General de Niñez y Familia de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos de Salta. Murió por desnutrición y malos tratos.