La iniciativa del Gobierno provincial busca que el Estado recupere las prestaciones de salud, medicamentos y prótesis. Si el conductor no puede abonar, deberá hacer servicio comunitario.
La semana pasada, a través de sus redes sociales, el gobernador publicó un video en el que “consultaba” a sus seguidores/votantes sobre la posibilidad de avanzar en un proyecto para cobrar la atención médica a quienes alcoholizados ocasionen accidentes viales. La consulta duró muy poco y ya ingresó a la Legislatura el proyecto de Ley.
En aquella ocasión, fiel a sus modos demagógicos, el mandatario miró a cámara y con un tono de “hombre sensible”, preguntó a los salteños qué les parecía. No tuvo mucha interacción. Pero no importó, porque el proyecto ya estaba cocinado.
De esta manera, Sáenz da un paso más hacia el arancelamiento de la salud pública y avanza con la idea de quitar -cada vez más- las responsabilidades al Estado, con el único fin de achicar costos.
El proyecto habilita a la cartera de Salud a realizar los trámites para el cobro o recupero de las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se hubieran destinado en beneficio de las personas que, conduciendo bajo los efectos de alcohol o de estupefacientes hayan ocasionado siniestros viales que requieran atención médica de los efectores del sistema de salud pública.
En caso de que el conductor no cuente con los recursos suficientes para afrontar esos costos, deberá realizar servicio comunitario. No está claro cómo ni de cuánto tiempo será la multa.
Los registros de los operativos de alcoholemia en Salta sostienen que son cada vez más los conductores con alcohol en sangre detectados. Por eso llama la atención el momento en el que sale esta iniciativa. Porque de prevención el gobernador no dijo nada.