Un excajero de la Caja de Abogados de Salta fue condenado a tres años de prisión condicional por administración fraudulenta. Los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Ramiro Ramos Osorio otra vez en la mira por realizar una investigación “limitada y complaciente” que habría dejado sin indagar a funcionarios y contadores sospechados de complicidad.
Por más de una década, Sergio López, manipuló recibos, anulaciones y registros contables hasta sustraer un gran botín: más de 400 mil dólares actuales. A pesar del monto y de la extensión del fraude, el Tribunal de Juicio lo condenó a solo tres años de prisión condicional, lo que implica que no irá a la cárcel.
El abogado Juan Casabella, representante legal de la Caja, en diálogo con Infinito FM no disimuló su malestar: “durante 10 años, el cajero se alzó con un monto calculado en 40 mil dólares anuales. La fiscalía no averiguó los antecedentes, se circunscribió al hecho, y eso deja mucho que explicar”, señaló.
Casabella apuntó directamente contra los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Ramiro Ramos Osorio, a quienes acusó de haber restringido la investigación y encubierto posibles responsabilidades jerárquicas dentro de la institución.
“Estamos en disconformidad con la pena, pero sobre todo con la investigación. Hay complicidades evidentes que será necesario denunciar nuevamente, justamente por esa deficiente actuación de la fiscalía”, subrayó.
En un comunicado emitido tras la sentencia, el Ministerio Público Fiscal destacó que el tribunal —integrado por los jueces Pablo Farah, Paola Marocco y Eduardo Sángari— “hizo lugar parcialmente a la demanda civil y condenó a López al pago de $23.700.000 a favor de la Caja de Abogados”.
Casabella fue categórico: “fiscalía intenta cerrar el caso como un simple robo individual. Pero no se trató de un descuido técnico, sino de un sistema de impunidad que funcionó a la vista de todos. El cajero actuaba solo… pero alguien lo dejaba actuar”.
El abogado comentó que las maniobras comenzaron con anulaciones de recibos que nadie revisaba, y que luego derivaron en una “bicicleta financiera” entre cuotas para cubrir huecos. “No puede ser que un cajero anule recibos y nadie los pida. Eso no pasa sin complicidad”, insistió.
Incluso, el día de su despido, López se retiró con tres millones y medio de pesos de la recaudación, sin que se le exigiera rendición inmediata. “Se fue prácticamente con un premio”, dijo.
De acuerdo con el representante legal, las pruebas incorporadas en el juicio —audios y comunicaciones con personal del área contable y del sistema informático— muestran que otros empleados y directivos sabían de las irregularidades años antes del estallido del escándalo.
Los empleados de «Pilín» otra vez
La investigación comenzó bajo la órbita del fiscal Ramos Osorio, quien derivó el caso a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de Salinas Odorisio. Pero la fiscal se negó a aceptar la competencia, y el expediente debió ser elevado al Procurador General, que resolvió que ambos fiscales debían actuar en conjunto.
“A pesar de esa orden, solo actuó Salinas Odorisio. El requerimiento de juicio ni siquiera lleva la firma de Ramos Osorio. Esa irregularidad quedó flotando y jamás se explicó”, denunció Casabella.
Para el abogado, ese desinterés no es casual: “La fiscalía investigó un fraude millonario como si fuera un hurto doméstico. Se limitó a la confesión del imputado y no profundizó en las complicidades, pese a que existían elementos claros para hacerlo. Es una investigación cómoda, casi a la medida del silencio institucional”.
Mientras el comunicado oficial celebra la condena como un “resultado judicial satisfactorio”, la institución damnificada sostiene que el proceso fue indulgente y parcial, y que el verdadero daño —el encubrimiento— sigue sin investigarse.
“Después de comprobar semejante defalco, se le da una pena condicional. La fiscalía pidió prisión efectiva, pero nunca se animó a ir más allá. Todo quedó en la superficie”, concluyó Casabella en Infinito.