La morosidad del Poder Judicial de Salta es conocida por todos y hasta quedó en evidencia de manera explícita en diciembre de 2023, tras un fallo de la Corte Suprema. De allí la importancia de estar atentos a cómo y quiénes cubren las vacantes en el Máximo Tribunal nacional.
Conocido el rumor sobre la probable postulación de la jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, a la Corte de Suprema de Justicia, es necesaria una consideración, más allá de que se trate de trascendidos, debido a que el presidente Milei ya envió los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla.
La integración del Máximo Tribunal nacional es determinante puesto que es el, único que nos da certeza de justicia, a los justiciables de provincias como Salta, donde no la experiencia marca que no tenemos justicia ni garantías. Esta situación quedó demostrada claramente con detención de Santos Clemente Vera, quien estuvo once años preso siendo inocente, pero tal condición se acentuó a principios de 2016, cuando el Tribunal de Impugnación, integrado por Rubén Arias Nallar y Luciano Martini, lo juzgó de manera improcedente y sin pruebas ni certezas en su contra lo condenó a perpetua pese a que el Código Procesal Penal de Salta, no lo permite.
La Corte Suprema le da la razón a Vera después de haber pasado por la justicia salteña en triple instancia, el juicio inicial de 2014, la acción ilegal del Tribunal de Impugnación y la ratificación de ese fallo ilegal de parte de la Corte de Justicia de Salta.
Recordemos que tras ese resonante fallo nacional que dejó a todo el sistema judicial provincial y a sus actores en una situación vergonzosa, el diputado provincial José Gauffín pide un jury de enjuiciamiento para los jueces del Tribunal de Impugnación.
Si bien el resultado ante ese pedido de jury era posible por el carácter corporativo del aparato judicial de Salta, no dejó de sorprender la unanimidad del rechazo, como así también las para tal decisión. Por ejemplo, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, planteó que “no corresponde la destitución de un juez por el contenido de su sentencia”, ignorando la legislación vigente en una materia específica del servicio de Justicia, como lo es el Código Procesal Penal.
Esa postura de avasallamiento a las garantías constitucionales, al principio de inocencia y a la legislación provincial, también fue justificada desde el Ministerio Público, ya que el Procurador General (jefe de fiscales) Pedro García Castiella, justificó su rechazo al pedido de jury en que los familiares de Casandre Bouvier, pidieron la condena a Vera.
En este cuadro, los rumores sobre una posible postulación a la Corte Suprema de la salteña Mariana Catalano, no representan en absoluto una bocanada de aire fresco, ni siquiera por su condición de género o por el hecho de ser una jueza del interior o comprovinciana en este caso. Es necesario que una jueza de la Corte acredite una mayor experiencia judicial y, sobre todo, más años en funciones específicas que no sólo impliquen la experiencia requerida, sino también una trayectoria.
Es necesario que se propongan jueces probos para ser designados en la Corte Suprema, porque allí muchos salteños depositan una última expectativa para que se haga justicia.
El empresario salteño Daniel Sansone, se refirió a una circunstancia que da cuenta de la corporatividad y falta de independencia del sistema judicial salteño como un asunto de vieja data. Ocurrió cuando el desaparecido Banco del Noroeste comenzó a dejar expuestas las falencias y fraudes del sistema cooperativo y el reclamo de sus accionistas encontró asidero en el dictamen técnico de la abogada Sonia Escudero, quien procedió conforme a derecho a sabiendas de que su superior, el exprocurador René Gómez, desestimó el pedido y la apartó del cargo.
En el presente, Sansone aguarda la definición en otra situación judicial que lo tiene como acusado, pero la sentencia condenatoria o absolutoria se hace esperar de manera injustificada. Es la que tiene a su cargo la jueza María Carolina Cáceres Moreno.
El empresario y exdiputado, indicó que la injustificada indefinición judicial se utiliza como una herramienta de operaciones políticas para tratar de condicionarlo en sus manifestaciones públicas, pero confía que, en caso de un revés judicial, será la Corte Suprema la que en última instancia fallará de manera justa y certera.
Por eso es que sostuvo que es muy importante reunir muchos pergaminos propios, aplomo y una gran experiencia para llegar a la Corte Suprema, la última instancia judicial y la única que da certeza de justicia.