En la empresa que dirige Ignacio Jarsún, lo que falló no fue una variable inesperada, sino todo lo que debía estar garantizado antes de empezar.
La muerte de dos operarios en un pozo de Aguas del Norte, en Rivadavia Banda Sur confirma una sospecha. Donde debería haber protocolos estrictos, controles previos y condiciones garantizadas, hubo improvisación. Donde la ley exige prevención, hubo reacción tardía. Y donde la vida debería ser prioridad, parece haber sido una variable de ajuste más.
El licenciado en Seguridad e Higiene Pablo Casas en FM Infinito, aseguró que “no se trata de un hecho imprevisible”. Ingresar a un pozo es una tarea crítica, con riesgos conocidos y procedimientos definidos. “Tiene que haber un análisis previo, medición de gases, ventilación y un vigía permanente”, explicó. Nada de eso es opcional. Todo eso, justamente, es lo que evita que el trabajo termine en tragedia.
La prevención sigue siendo vista como “un gasto incómodo y no como una inversión básica”, dijo Casas. En ese esquema, los protocolos se escriben para cumplir, no para aplicarse. Y la capacitación, cuando existe, suele quedar en un segundo plano frente a la urgencia de “hacer el trabajo”. El resultado es conocido: trabajadores expuestos a riesgos que muchas veces ni siquiera dimensionan completamente.
Casas también apuntó a una realidad extendida: la precariedad. “Muchas veces los trabajadores terminan poniendo recursos propios para poder cumplir”, advirtió. Es decir, el sistema no solo falla en protegerlos, sino que además los empuja a improvisar. La presión por cumplir tareas sin herramientas adecuadas convierte cualquier jornada laboral en una apuesta peligrosa.
La responsabilidad, sin embargo, no se diluye. La Ley 19.587 es clara: el empleador debe garantizar condiciones seguras, informar riesgos y prevenirlos. Pero también hay una cadena de mando que debería funcionar como filtro: supervisores, encargados, profesionales en higiene y seguridad. Si alguien autorizó ese ingreso sin las condiciones mínimas, estamos hablando de una decisión que deberá dar cuentas en la Justicia.