La inseguridad dejó de ser un problema focalizado en la frontera norte. El crecimiento de la violencia en la provincia es tan alarmante como la pasividad del Gobierno.
La violencia en Salta ya no tiene fronteras. Durante años, el epicentro estuvo en la capital provincial y, sobre todo, en el norte, en la línea caliente con Bolivia, donde los pasos ilegales, el contrabando y el narcotráfico encontraron terreno fértil ante la falta de control. Pero ahora, el foco se extiende peligrosamente hacia el sur. Más precisamente a Rosario de la Frontera.
Allí, el crecimiento del delito es tan evidente como la desidia oficial. En la ciudad termal, un enfrentamiento terminó con una persona muerta y con dos casas incendiadas.
Mientras los vecinos denuncian robos violentos, enfrentamientos armados y episodios de extrema gravedad, Gaspar Solá, el ministro de Seguridad de la provincia -invisible y claramente superado- sigue sin dar respuestas ni asumir responsabilidades. La gestión de la seguridad en Salta es una mezcla letal de improvisación, falta de decisión y burocracia inoperante.
La situación en Rosario de la Frontera no es un hecho aislado: es una señal del colapso general de la política de seguridad provincial. Años de abandono, falta de inversión en prevención, comisarías sin recursos y agentes sin respaldo han dejado a miles de salteños a merced del crimen. Y mientras tanto, el Estado brilla por su ausencia.
La frontera con Bolivia sigue siendo una zona liberada, pero ahora un patrón similar se replica tierra adentro. Las bandas que roban y matan lo hacen con impunidad. La policía, sin herramientas ni conducción firme, actúa detrás del delito, cuando ya es tarde. Y el ministro de Seguridad parece no entender la dimensión del problema, o peor aún, elige ignorarla.
El mapa de la violencia en Salta se ensancha, y con él, la sensación de que nadie está al mando. La provincia necesita recuperar el control de su territorio, y para eso se requiere algo más que excusas. Hace falta voluntad política, decisión firme y funcionarios que estén a la altura del desafío. Porque mientras el Gobierno duerme, la inseguridad avanza sin freno.