En el marco de un reñido debate en el Senado, el gobernador Gustavo Sáenz busca consensos en favor de la iniciativa que impulsa el oficialismo. En el medio, una seria amenaza a la diversidad biológica de la Provincia.
Mientras el mundo entero enfrenta las consecuencias del cambio climático, el negacionismo expreso del gobierno de Javier Milei respecto a este fenómeno global se materializa en el cuestionado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones- RIGI-. A la espera de su probable aprobación en el Senado, y en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, el gobierno de Gustavo Sáenz pretende conseguir con el llamado “Pacto de Güemes” el aval de la sociedad salteña a un extractivismo feroz que solo contribuiría a acrecentar la denominada “sexta extinción masiva de especies”.
La doctora Virginia Martínez, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, destacó la diversidad biológica que presenta la provincia, aunque lamentó las consecuencias que la actividad humana ya ha generado en ella, señalando como uno de los grandes problemas a la agricultura.
“Uno de los grandes problemas se han dado en todas las explotaciones ganaderas que avanzan sobre la zona de Anta. Antes había sido la caña de azúcar”, explicó haciendo hincapié en la desaparición de los bosques nativos producto de la deforestación desmedida de la que son responsables tanto el actual gobierno como las gestiones de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. “Vos vas desmontando, sacando monte, y con eso te llevas puesto todo, hierbas, insectos, aves, todo. Eso pasa en todo el país”, detalló para luego detenerse en otro punto crucial, el uso del agua que termina afectando severamente, entre otras, a la fauna ictícola. “Y siempre el problema somos los humanos”, enfatizó.
Sumado a ello se presenta el uso de agrotóxicos que “se terminan depositando en el suelo, con la lluvia se lavan y llegan al río”, afectando también a la biodiversidad.
A medida de la minería
Un tema aparte lo constituye la actividad minera. “Se consume un montón de agua. El problema de la Puna es que son zonas carentes de agua porque llueve muy poquito, tenés casi nada de ríos. Tenés ríos subterráneos que son los acuíferos que están perforando ahora. Eso se llena cada miles de años, repercute en la superficie y va generando un montón de otros conflictos. Con esa agua se sostiene todo”, detalló la especialista, lamentando el fracaso del debate por una normativa que preserve y proteja las áreas de humedales, la denominada Ley de Humedales.
Advirtió luego que “con el famoso RIGI, las empresas tienen prioridad sobre los recursos”, y aseveró: “La minería no tiene que respetar los acuíferos ni siquiera para las personas. Si las empresas necesitan chuparse el 100% del agua, tienen prioridad sobre las personas. Y la cosa va de mal en peor porque los entes que tienen que controlar, a la Secretaría de Minería le importa un pomo, Ambiente está ligada a la de la Producción”.
Especialista en peces, Martínez explicó también que “las ciudades consumen un montón de agua y en Salta es crítico porque el pozo es un acuífero que se llena con lluvia, que se están reduciendo”. “El aumento de la población es enorme y el agua que liberamos es agua con un montón de porquerías que se supone que van a la planta potabilizadora. Una cerca del paso Sarmiento y otra cerca del Mojotoro. Prácticamente se están tirando crudos”, señaló en alusión a puntos críticos que evidencian la gravedad del panorama, y recordando que “la ampliación de la planta se cae totalmente, con el crédito acordado, porque Milei detuvo todo lo que es obra pública”.
“Los ríos de Salta están cada vez peor”, aseguró, incluyendo en su análisis a lugares como Tartagal, Orán, Cachi, y demás localidades que debieran, todas, contar con plantas de tratamiento de líquidos cloacales. “La biodiversidad en Salta, en el país, en el mundo está re contra amenazada. No por nada decimos que estamos en la sexta extinción masiva de especies”, puntualizó.
El abogado constitucionalista y exlegislador, Guillermo Martinelli, sumó su voz al análisis afirmando que “efectivamente el RIGI es un problema muy serio para la Argentina, en particular para las empresas que quieren instalarse en la provincia de Salta”. “Se les da un incentivo de tierra arrasada, pueden hacer lo que quieran. La biodiversidad no está presente, lo único presente es que la inversión sea superior a 200 millones de dólares”, cuestionó.
Advirtió luego que “podemos sufrir una devastación ambiental muy seria”, lo que conlleva también una devastación económica ya que “las empresas que puedan interesarse en las minas van a tener un régimen distinto a las que están en funcionamiento”.
“Es contradictorio para Salta la aprobación del RIGI. Sin embargo, hoy el Gobernador pide a la población un apoyo. Pareciera ser que lo más importante en Salta son las mineras antes que los habitantes. Hoy el agua es un bien a cuidar, sobre todo en la Puna, a cuidar sensiblemente porque su escasez afecta a la población humana”, sostuvo Martinelli, cuestionando severamente los incumplimientos a lo establecido en la Ley provincial 7070 de Protección Ambiental, puntualmente la falta de un control real a la exploración y a la explotación minera en el país y, especialmente, en Salta.
“Las mineras evalúan lo que están haciendo con declaraciones juradas que ellas hacen y tienen que ver con la exportación del material, que se hace a empresas subsidiarias de las mineras. Hay un circuito organizado para que Salta cobre migajas”, expuso al respecto y denunció que “no hay interés en modificar esto”. (MH)
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