El ministro ratificó ante Diputados el esquema de cobro a obras sociales y prepagas bajo la modalidad de riesgo compartido. La comisión aún no está definida y la Provincia tiene una ley que permite ejecutar las deudas.
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, pasó por la Cámara de Diputados y confirmó que el Gobierno avanzará con la tercerización del cobro de las millonarias deudas que obras sociales y empresas de medicina prepaga mantienen con los hospitales públicos. La explicación oficial apunta a mejorar el recupero de recursos, pero la decisión abre una discusión que sigue sin respuesta: por qué el Estado necesita recurrir a un privado para cobrar lo que le corresponde y cuánto dinero resignará en el camino.
La reunión con la Comisión de Salud de la Cámara baja volvió a poner sobre la mesa la magnitud del problema. Según las cifras que difundió el propio ministro, durante 2025 la Provincia recuperó apenas el 12% de los costos de las prestaciones brindadas a pacientes con cobertura médica, mientras que la deuda acumulada rondaría los 110.000 millones de pesos. La cifra es lo suficientemente importante como para exigir una gestión eficaz, pero también para preguntarse por qué la administración provincial no consigue cobrar por sus propios medios.
Mangione sostiene que el mecanismo permitirá acelerar los reclamos, incluso por la vía judicial, mediante un sistema de riesgo compartido con una empresa especializada, en este caso la empresa es del ex ministro de Trabajo de Juan Manuel Urtubey, Rubén Fortuny.
La explicación oficial es que no habrá un costo fijo para el Estado: el privado (Fortuny) cobrará en función de los resultados que obtenga. También se aclaró que el mecanismo no implicará cargos para las personas que carecen de cobertura médica.
Sin embargo, que no exista un costo fijo no significa que el servicio sea gratuito. Si la empresa consigue recuperar las deudas, percibirá una parte de los fondos que ingresen. El porcentaje definitivo todavía no está cerrado (se habla del 10%) una cuestión central cuando se trata de recursos que deberían volver a los hospitales para financiar medicamentos, insumos, equipamiento y prestaciones sanitarias.
La pregunta es por qué esos fondos tienen que pasar por un intermediario privado. Salta cuenta desde 2025 con la Ley 8.491, que establece herramientas específicas para recuperar los costos sanitarios y habilita la emisión de certificados de deuda con fuerza ejecutiva cuando se cumplen las condiciones previstas. Es decir, el Estado dispone de instrumentos legales para reclamar y ejecutar las obligaciones impagas. Antes de resignar una porción de lo recaudado, sería razonable conocer en detalle cuánto se utilizó esa herramienta, cuántos reclamos se iniciaron y qué resultados obtuvo la administración.
El interrogante también alcanza al papel de la Fiscalía de Estado y de las áreas responsables de defender los intereses patrimoniales de la Provincia. Si las deudas están identificadas y existen vías legales para exigir su pago, ¿qué impide avanzar con mayor eficacia? Y si el problema es la falta de capacidad operativa, ¿por qué la respuesta consiste en montar un esquema privado en lugar de fortalecer los equipos estatales que deben cumplir esa función?
El Gobierno formalizó la iniciativa mediante el Decreto 618/26, a partir de una propuesta presentada por Gestión Integral del Norte SRL, una sociedad que figura en formación y que tiene como gerente a Rubén Fortuny. La etapa inicial fue planteada como una prueba piloto, con la previsión de avanzar luego hacia una licitación pública. Hasta que se conozcan las condiciones definitivas, el porcentaje de comisión y los mecanismos de control, quedan aspectos sustanciales por aclarar.
La discusión no pasa por defender la morosidad de las obras sociales ni por cuestionar que los hospitales públicos recuperen el dinero que les corresponde. Esa obligación es indiscutible. El problema es otro: si el Estado reconoce que no consigue cobrar una deuda millonaria, debe explicar qué hizo hasta ahora, por qué no alcanzaron las herramientas disponibles y qué ventajas concretas justifican que una empresa privada participe de la recaudación.
Con hospitales que necesitan recursos y una deuda que se cuenta en miles de millones, el negocio potencial es enorme. Lo que todavía falta conocer es cuánto de ese dinero terminará efectivamente en el sistema público y cuánto quedará en manos de quienes se incorporen a la tarea de cobrarlo.