Apenas conocida la renuncia de la concejal Marianela Pérez Gine desde el propio oficialismo se comenzó a hablar sobre la discrecionalidad y el poder concentrado del modelo de gestión provincial.
La renuncia de Pérez viene precedida de algunos antecedentes tales como la injustificada candidatura a un cargo tan importante como el ser concejal de Salta, lugar que ocupó en segundo término en la lista del Partido Identidad Salteña (PaIS), la fuerza formada por Gustavo Sáenz y que preside el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz. El armado de listas en partidos con nula vida política, da cuenta de lo negativo que resulta la proliferación de sellos de goma.
La lista de PaIS, que encabezó el mediático Guillermo Kripper, logró cuatro escaños en el Concejo Deliberante de Salta en las elecciones del 15 de agosto, ninguno de ellos tuvo un desempeño destacado en las sesiones que tuvieron la oportunidad de representar a los vecinos de la Ciudad.
En consecuencia, la renuncia de Pérez pasó inadvertida para la ciudadanía aunque no para quienes lanzaron la advertencia de la peligrosidad de maniobras discrecionales desde la cúpula misma del actual Gobierno.
Ocurre que no es la primera vez que se advierte que a Pérez se le asignan funciones muy específicas pero poco claras. En enero de 2020, mediante el Decreto 19, se la designó en el cargo de Coordinadora Institucional del Ministerio de Salud Pública, sin esbozar ninguna justificación para tal efecto en las consideraciones del decreto.
Algunos plantearon que la funcionaria fue puesta en el cargo para monitorear el desempeño de la entonces ministra de Salud Pública, Josefina Medrano. Ahora, tras conocerse la renuncia como concejal, Marianela Pérez Gine tendrá un cargo similar (y probablemente el mismo rol) en el ministerio que conduce otra mujer, Silvina Vargas, titular de la cartera de Desarrollo Social.
El ministerio que pasará a integrar la exconcejal estuvo en el centro de la polémica en diciembre pasado, durante el tratamiento del Presupuesto provincial 2022 y por la reducción de partidas. Esa decisión terminó forzando la renuncia de la exministra Verónica Figueroa, quien había solicitado $3626 millones y sólo se le presupuestaron $2.000 millones y mientras eso sucedía, el área de Gobernación tuvo un incremento del 114 por ciento y se reservó una partida de $7006 millones de pesos para el 2022.
El cruce de la exministra Verónica Figueroa y la cúpula del Gobierno, se dio precisamente por la extraña partida de fondos que maneja el Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes, quien desde la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario, administra fondos que tienen los mismos nombres y funciones que los programas del ministerio de Desarrollo Social.
El modelo de concentración de poder de los dos Coordinadores del Gobierno provincial sigue generando cuestionamientos. De allí que se les objeta no sólo el armado de listas, la renuncia a bancas legislativas, las designaciones escasamente justificadas y hasta funciones poco claras como la de “monitoreo” de ministras, al menos esto se desprende por el hecho de que Marianela Pérez es una funcionaria de extrema confianza de Pablo Outes.
