La noticia sobre la internación de un niño de diez años, víctima de intoxicación alcohólica y sin contención familiar, vuelve a poner en evidencia el invisibilizado desamparo infantil en salud mental. ¿Se respetó el derecho del chico a ser oído? ¿Fue consultado según su edad y madurez? ¿Existe un plan de restitución de derechos?
Por Rodolfo Ceballos (*)
Este caso, lamentablemente, ilustra la cruda realidad de la «nuda vida», donde individuos son reducidos a su mera biología, despojados de derechos y protección, existiendo sin garantías ni ciudadanía plena. El menor de Morillo es, trágicamente, un ejemplo de esta vulnerabilidad extrema.
En Coronel Juan Solá (Estación Morillo – departamento Rivadavia), la infancia y adolescencia se ven atrapadas en condicionantes psicosociales que los arrastran al alcohol, las drogas o la inhalación de nafta.
Para la deficiente Salud Mental salteña, estas subjetividades fragmentadas son meros «coeficientes friccionales» en una Carta de Servicios que, evidentemente, no fue diseñada para las emergencias de Rivadavia Banda Norte. Urge un enfoque de salud mental comunitaria que se extienda a las zonas más empobrecidas.
A pesar de los esfuerzos de coordinación entre la burocracia sanitaria de la Capital y el hospital local, los planes estatales han fracasado. Morillo, con más de 10 mil habitantes, requiere un plan de salud mental que aborde las profundas brechas sociales y garantice la accesibilidad a servicios que hoy no logran contrarrestar la violencia estructural que afecta la existencia infantojuvenil del departamento, una vida desprovista de protección jurídica real.
El excesivo «gatopardismo» en la Salud Mental salteña ha convertido a Morillo en un símbolo de cómo se simulan acciones estatales sin políticas públicas verdaderas.
Este simulacro se extiende a la gobernanza de la salud mental: abundan reuniones técnicas estériles y visitas tecnocráticas al terreno, mientras se interna a menores en riesgo social ante la primera señal de alarma. Los operadores concuerdan en seguir «estudiando» una zona declarada de excepción.
El Estado reconoce la marginalidad de Morillo, pero no asegura sus derechos. Es el «gatopardismo» en su máxima expresión: «Vamos a asistir a Morillo», se escucha entre los sanitaristas, pero al final, nada cambia.
La crónica periodística sobre el Morillo marginal se repite desde hace años. En 2018, tres menores de la comunidad se prendieron fuego, visibilizando una situación que persiste.
A pesar de los reclamos para frenar la venta de alcohol y nafta a menores, la falta de controles efectivos sigue siendo una constante.
En Morillo se incumplen, al menos, tres leyes fundamentales: la ley 26.657 de Salud Mental, que otorga derechos a quienes padecen sufrimiento mental; la 26.061 de protección de la infancia; y la 26.934 de abordaje de adicciones. Esto se traduce en una ausencia de seguridad jurídica para la infancia y adolescencia que busca escapar de su «nuda vida».
Salta presenta altos índices de anomia en la gobernanza de la Salud Mental al no cumplir con las normas vigentes para combatir el abandono escolar, la falta de alimentos y el entorno de pobreza estructural.
La judicialización: solución cuestionable
Persisten serias dudas sobre la idoneidad de la internación y judicialización de este menor de diez años en un hogar estatal. Tras ser salvado de la intoxicación etílica, la Salud Mental provincial debería haber prevenido una solución que no sea drástica como la internación.
La prensa desconoce si Salud Mental agotó todas las alternativas familiares y comunitarias antes de que la Secretaría de Primera Infancia interviniera y asumiera la tutela del niño. No se sabe si se le ofreció apoyo material, psicológico o educativo para evitar la internación. ¿Hasta qué punto esta internación es excepcional y proporcional?
¿Se respetó el derecho del chico a ser oído? ¿Fue consultado según su edad y madurez? ¿Existe un plan de restitución de derechos? ¿Hay control judicial y revisión periódica? Estas son las preguntas que, lamentablemente, las reuniones de tecnócratas dejan a la opinión pública para que las responda. Las respuestas ameritaban una información oportuna de prensa. Pero no hay trasparencia en el sistema de las acciones públicas.
Esta internación y judicialización son el resultado directo de la ausencia de una política pública de salud mental que prevenga los problemas que atraviesa este niño. La solución de judicializarlo fue, sin duda, «de manual», y probablemente no tuvo en cuenta la opinión del menor al tomar la decisión.
La noticia en Morillo se ha vuelto rutinaria. Una vez más, una de las instituciones estatales encargadas de la custodia y el asilo tutelar de la infancia se lleva a un pequeño de diez años para someterlo a la «ingeniería humana» de la adaptación social.
(*) Periodista especializado en temas de psicología y salud mental
Chaco Salteño: Internaron a un niño de diez años por un coma etílico