Ya son seis los niños muertos por las malas condiciones de vida en las que viven. El legado de doce años de Urtubey del que nadie parece ser responsable y la falta de previsibilidad del reciente gobierno nos deja preocupados a todos. Si bien se consiguió ayuda nacional, todo parece insuficiente.
Tras la muerte de seis niños, la indignación de los salteños es masiva, por lo cual cabe preguntarse: ¿Quiénes son los responsables de tamaño abandono sobre los niños pobres de nuestra provincia?
En primer lugar, se debe colocar al exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien estuvo a cargo de la provincia durante los últimos doce años y que, en especial, promocionó su ministerio de la Primera Infancia como la solución para los niños que en ese entonces, ya morían por graves cuadros de desnutrición, y en su último discurso de inicio de sesiones legislativas, resaltó que su gestión disminuyó la mortandad infantil.
El organismo creado a los fines, y a cargo de Carlos Abeleira, hoy en la mira por haber promocionado un método que evidentemente no funcionó para prevenir ni para evitar la muerte de los niños en el norte provincial, no cumplió sus objetivos, y no solo eso, sino que las estadísticas y datos relevados durante varios años no tienen una síntesis que permita abordar teóricamente el futuro.
Esto evidencia que más que cumplir su propósito, la ayuda del Estado les ha servido más a las fundaciones amigas, quienes fueron beneficiadas con una transferencia millonaria de subsidios, pero que, evidentemente, no han tenido los efectos que impone la situación.
Por otro lado, un indicador del cuadro de responsabilidades de la muerte de los seis niños que no puede obviarse, es el Fondo de Reparación Histórica, porque la provincia se endeudó a altísimas tasas, para realizar infraestructura de primera necesidad, como la provisión de agua potable y una atención constante en las zonas más desprotegidas y el problema del agua, no se resolvió sino que se agravó. Resultado: los intereses (y el capital lógicamente) de esa deuda se siguen pagando, y los niños, lamentablemente, se siguen muriendo. Mientras, Carlos Parodi, responsable político, camina tranquilo y sus negocios marchan viento en popa.
Ante este cuadro de situación, es clara la vulnerabilidad en la que se encuentra la provincia. Si bien Gustavo Sáenz estuvo rápido de reflejos, articulando con el ejército, pidiendo obras a Nación y pidiendo que se ponga en práctica la “Tarjeta Alimentaria” primero en Salta antes que en el resto de las provincias y convocando a una mesa multisectorial, en la que tienen que participar representantes municipales, provinciales y nacionales. Sin embargo, queda a la vista que todo esto resulta solo un paliativo que llega luego de que explote la crisis. Para peor, no es severo con los que estuvieron a cargo y tendrían que estar en el banquillo de los acusados.
El problema de fondo es sabido: la pobreza estructural en Salta. Es inadmisible que un funcionario adjudique la muerte de niños a una cuestión cultural. Alegar esa explicación representa una ignominia: el secretario de los servicios de salud, Antonio de Los Ríos, si reconsiderara su sentido del honor, tendría que renunciar por emitir tamaña ofensa pública contra los indígenas. La ministra de Salud, Josefina Medrano de la Serna, y su memorándum que prohibía difundir cualquier tipo de información y ahora su liviandad con la que se toma la responsabilidad, deja mucho para criticar. Simplemente, esa actitud no contribuye.
La pobreza en Salta sigue siendo una falencia que ningún gobierno nacional ni provincial ha podido solucionar hasta el momento, y pese a las promesas contra el hambre, siguen siendo palabras vacías con una aplicación en la realidad, al menos, poco efectiva.
Por Anibal Roldan