Con Gustavo Sáenz convertido en jefe de campaña full time, el Estado provincial parece funcionar en piloto automático, mientras crece el “proselitismo de escritorio” sobre empleados públicos y la bajada a los barrios para apuntalar candidaturas de débil tracción social. Si el gobernador está de gira, ¿quién firma, quién decide y a quién le rinde cuentas la administración?
La postal se repite: Sáenz con poncho, micrófono y móvil, girando por el interior a ritmo de acto político. No es grave que un gobernador milite —la política es eso—; lo grave es que, en paralelo, el Estado se deslice hacia la confusión de roles: Casa de Gobierno como bunker, ministerios como usinas de propaganda y trabajadores bajo “control de lealtad” digital. Vox populi: hay supervisión sobre perfiles y estados de WhatsApp para verificar si flamea el poncho de “Primero los Salteños”. ¿Eso es identidad cultural o una prueba de obediencia? No es folklore: es disciplinamiento.
La segunda imagen es todavía más cruda: funcionarios y empleados hasta tercera línea caminando barrios para “instalar” a Flavia Royón y Bernardo Biella. Ambos, bien formados, sí; pero con una mochila política evidente: representan más intereses privados que bienes públicos visibles. Y cuando el programa es opaco, la campaña necesita aparato. ¿Cuál? El aparato estatal, claro.
Aquí está el corazón del problema: la frontera entre gobierno y campaña fue dinamitada. Y cuando esa frontera se borra, se alteran tres principios básicos de cualquier república que pretenda serlo:
– Neutralidad administrativa. El Estado no es un partido. No puede exigir adhesión simbólica —ni en WhatsApp ni en el atril— como condición de pertenencia. La “señal” del poncho, si es requisito de clima interno, se convierte en hostigamiento.
– Uso de recursos públicos. Horas, oficinas, vehículos, celulares, pauta, logística. ¿Se usan para gobernar o para militar? La pregunta no es moral: es contable y legal.
– Responsabilidad de mando. Si el gobernador está en campaña, ¿quién ejerce la jefatura del Ejecutivo día a día? ¿La Secretaría General? ¿Un “triunvirato” informal? ¿Los intendentes aliados? La cadena de firma y control debe ser trazable.
La política oficial ensaya una coartada: “cercanía”. La realidad muestra un método: centralizar la escena en el líder y tercerizar la gestión en el aparato. Resultado: ministerios en modo “sellado y foto”, obras que no arrancan o se ralentizan, expedientes que duermen, y un Boletín Oficial que publica sin explicar. Mientras tanto, a los empleados se les pide “poner el poncho” en las redes y “poner el cuerpo” en la calle. Eso no es identidad: es alineamiento forzado.
Lo de Royón y Biella es un síntoma. Si fueran candidaturas con arraigo, el Estado no necesitaría vigilar estados de WhatsApp ni empujar operativos casa por casa con personal de planta. La obviedad incomoda: cuando falta política, sobra presión. Y la presión, en el sector público, se traduce en silencios, miedos y autocensura.
Esto no es una discusión académica: es gobernabilidad real. La provincia necesita decisiones —no selfies— sobre seguridad, rutas, salud, escuelas, obra pública, frontera. Y esas decisiones requieren cabeza presente, gabinete activo, controles vivos, indicadores públicos. Gobernar no es girar; gobernar es priorizar, ejecutar y rendir cuentas.
Conclusión incómoda pero necesaria: hoy la provincia está gobernada por una campaña, no por un gobierno. El mando se ejerce más desde el escenario que desde el despacho; más con el algoritmo del miedo que con el reglamento; más con el símbolo que con el plan. Salta no necesita que todos se pongan el poncho: necesita que alguien se ponga, de una vez, la responsabilidad de gobernar. Y que lo pruebe con decretos, con gestión y con resultados, no con estados de WhatsApp.