Fiscalía requirió que se eleve a juicio la causa en la que Lara Gros padre y 4 de sus exfuncionarios están imputados por delitos vinculados a la administración pública.
Luego de que Baltasar Lara Gros fuera electo como intendente de San Ramón de la Nueva Orán para el periodo 2023-2027, la fiscal penal Mónica Viazzi pidió ante el Juzgado de Garantías 2 de ese distrito que se eleve a juicio la causa que se sigue contra el exjefe comunal y padre del futuro titular del Ejecutivo municipal Marcelo Lara Gros.
Lara Gros padre fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) en concurso real con falsedad ideológica. En tanto que su exsecretario de Gobierno, Javier Arnaldo Tártalo, se encuentra imputado por los mismos delitos pero en calidad de partícipe necesario.
El primer caso que involucra al exintendente tiene que ver con un viaje que realizó al exterior. Según la fiscalía, lo hizo sin notificar de su ausencia en tiempo y forma al Concejo Deliberante y volcando datos erróneos en las fechas: se fue de Orán un 16 de mayo de 2018 pero informó que lo haría diez días después.
De acuerdo con la fiscal Viazzi, “en ambos casos hay violación de la ley” ya que “si la ausencia dura más de cinco días hábiles” como sabían de antemano Lara Gros y Tártalo “debieron comunicarlo al Concejo Deliberante” ya que quien esté a cargo de la presidencia del cuerpo deliberativo debe asumir la titularidad del Ejecutivo.
El segundo hecho investigado gira en torno a la realización de la rotonda de ingreso y egreso a Oran, una obra dispuesta por resolución del Ejecutivo Municipal que no contaría con el respaldo legal. La fiscal de Delitos Económicos Complejos sostiene que se contrajo un compromiso sin tener el crédito disponible y sin imputación presupuestaria.
Asimismo, Viazzi apunta que la gestión Lara Gros llevó adelante dicha obra sin cumplir con los procedimientos de contrataciones (publicidad, igualdad de posibilidades para oferenes, promoción de concurrencia y flexibilidad y transparencia), lo que se evidencia con una planilla de gastos sin instrumentos y legajos de contratación que justifiquen el asunto.
“A la luz de la resolución 132 del Concejo Deliberante, por la cual se pedía al Ejecutivo Municipal información sobre la obra, evidencia la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública. Agrega además que todos los funcionarios involucrados sabían y querían (conocimiento y voluntad) actuar como lo hicieron, requisito del tipo subjetivo del delito enrostrado”, finaliza el Ministerio Publico Fiscal.
Los otros imputados como autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público son: Sebastián Raúl Gottero, exsecretario de Hacienda y Planificación y Jefe de Gabinete; Luis Eduardo Pintado, ex Subsecretario de Hacienda; y Claudio Francisco Tosoni García ex Gerente de Compras de la Municipalidad.