Finalmente, el CIADI definió la controversia abierta en 2013, cuando el gobierno de Urtubey resolvió quitarle la concesión de los juegos de azar a Enjasa, 17 años antes. El golpe a la seguridad jurídica de la Provincia y la sombra de Pamela Calletti.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en su carácter de Tribunal de Arbitraje internacional, dictó un Laudo definitorio respecto a la presentación de Argentina contra el laudo arbitral ganado por Casinos Austria International (en noviembre de 2021), en el caso por la revocación de la licencia de ENJASA en Salta, ocurrida durante el año 2013, durante la gobernación de Juan Manuel Urtubey.
Se trata entonces de una segunda instancia en la que nuevamente Salta sale desfavorecida a raíz de no poder fundar una decisión apresurada que dejó expuesta a la Provincia a un perjuicio financiero de enorme magnitud.
El exgobernador Urtubey aparece como el principal responsable del perjuicio, sin embargo, parte importante le corresponde a Juan Carlos Romero, en cuyo Gobierno, en el año 1999 se otorgó la extensa concesión a Enjasa para explotar los juegos de azar por un plazo de 30 años. El combo lo completa el actual mandatario, Gustavo Sáenz, quien designó a Pamela Calletti como “Asesora en asuntos jurídicos del gobernador” y desde ese cargo, siguió al frente de la causa Casinos Austria, en la que se había involucrado como ministra de Justicia y luego como Fiscal de Estado
CONVENIO BILATERAL COMO BASE
Para definir la controversia, el CIADI tomó los antecedentes del convenio entre Argentina y Austria para la Promoción y la Protección de las Inversiones, que se firmó el 7 de agosto de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, durante el Gobierno de Menem.
De este modo, la firma europea se apoyó en ese acuerdo binacional y en los antecedentes históricos que el CIADI le da a los pactos bilaterales de inversión.
Tras la concesión en 1999, Casinos Austria ingresó como inversor extranjero y llegó a controlar indirectamente el 60 % de Enjasa.
Durante el Gobierno de Urtubey, el Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA) abrió un expediente sobre Enjasa, para definir investigaciones y sanciones por presuntas irregularidades administrativas vinculadas a la contratación de operadores sin autorización, el incumplimientos de controles antilavado y fallas en identificación de apostadores.
Tras ello, el 13 de agosto de 2013, ENREJA revocó la licencia de Enjasa y Casinos Austria protestó alegando que esa revocación destruyó completamente el valor económico de su inversión.
El tribunal arbitral del CIADI concluyó que Argentina violó el Tratado Bilateral de Inversiones Argentina-Austria al realizar una expropiación ilícita de la inversión de Casinos Austria.
MEDIDA DESPROPORCIONADA
El tribunal arbitral del CIADI consideró a fines de 2025 que la sanción de quitar la licencia fue desproporcionada ya que no se probó una “desestimación sistemática” de las normas por parte de Enjasa, por lo que la quita de la concesión “destruyó la inversión extranjera”.
Si bien Argentina denunció la extralimitación del tribunal arbitral y la falta de fundamentación suficiente del laudo, sosteniendo que se aplicó incorrectamente el derecho argentino, que se ignoraron las pruebas e incumplimientos de Enjasa al no respetar las facultades regulatorias del Estado, como causales de la anulación de la concesión, el Comité de Anulación del CIADI rechazó los argumentos de y mantuvo vigente el laudo arbitral favorable a Casinos Austria.
A PAGAR
El laudo original ordenó que Argentina pagara a Casinos Austria una indemnización principal de USD 21.660.000 más intereses de un 4 por ciento capitalizable anualmente, desde el 13 de agosto de 2013 hasta el pago total, lo cual asciende a un monto acumulado de USD 36.070.000 millones (USD 14,41 millones en intereses solamente del monto original.
No todo termina allí, a esta cifra hay que añadir en concepto de costas y gastos del arbitraje, el monto de USD 1.736.131,62 , más intereses del 4 % anual capitalizable, se añade una suma de USD 2.075.986,61.
En el ítem referido a costas y gastos, también se condena a pagar la suma de EUR 3.725.134,37, más intereses del 4 % anual capitalizable. Lo que implica la suma de EUR 6.202.622,37, lo que equivale a USD 7.217.774,56.
En sumatoria, Salta deberá afrontar un pago aproximado superior a los 45 millones de dólares y además de cargar con la condena, se suma un severo antecedente negativo a la hora de recibir inversión extranjera, resintiendo la seguridad jurídica y sienta un alarmante antecedente ante a otros juicios contra la Provincia, como el de Aunor (Servicio privado de peaje rescindido en 2014) y Aguas de Salta, cuya concesión se rescindió en 2009.