Desde la fundación Innocence Project explicaron que los motivó a representar al condenado a perpetua, Santos Clemente Vera.
Apuntaron contra la justicia salteña. ¿Culpable o inocente?
A pesar de que la Justicia salteña haya cerrado el caso por el asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, habiendo dejando firme las sentencias contra Gustavo Lasi y Santos Clemente Vera, el futuro de este último podría dar un giro inesperado de la mano de la fundación Innocence Project Argentina que será su patrocinante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El ex fiscal anticorrupción, ex diputado y titular de la fundación, Manuel Garrido, dialogó con LA GACETA y explicó cuáles fueron los criterios que motivaron al patrocinio de Vera y cuáles son sus expectativas en torno a la causa.
“En el caso de Santos Clemente Vera hay una serie de factores que tienen que ver con la forma en la que se llevó la causa, los fundamentos probatorios de la condena, la desaparición de pruebas de contraste, los rechazos arbitrarios de los recursos. Estos son claros indicadores de su inocencia y por lo menos queremos que se cumpla con la Ley y de que haya un nuevo juicio sobre el caso”, indicó Garrido.
El titular de la fundación aseguró que según la Ley procesal de Salta, Vera debería ser juzgado nuevamente y tener la posibilidad de defenderse; y no haber sido detenido y condenado como ordenó el Tribunal de Impugnación y luego la Corte local. “Invocaron las normas de Derechos Humanos para perjudicarlo, para limitar la posibilidad de tener un nuevo juicio”, disparó el exdiputado y aseguró: “Está claro que hubo una predisposición a considerarlo culpable a Vera, más allá del panorama probatorio”.
Según explicó el profesional, el problema de las condenas de personas inocentes es que los casos se cierran como si estuvieran resueltos y eso contribuye a la impunidad de los verdaderos culpables. “Habiendo inocentes detenidos, hay culpables sueltos. Nosotros también queremos develar ese lado oscuro. Se tiende a mitificar la sentencia cuando queda firme como si fuera la verdad absoluta y puede haber injusticia”, aclaró.
Respecto al reclamo generalizado de la sociedad salteña, que se une al pedido de justicia por parte de los familiares de las víctimas, Garrido afirmó: “Frente a casos que son tan dolorosos y conmueven a la opinión pública; en el cual existe un reclamo legítimo de que haya Justicia y donde también está la imagen de la Provincia en juego, está claro que hay una expectativa de que haya una respuesta. El tema es que la respuesta sea justa o no”.
Necesitaban cerrar el caso
Por su parte, el abogado José Vargas, quien estuvo a cargo de la defensa de Santos Vera durante el juicio, informó a LA GACETA que cuando la fiscalía recurrió la absolución de su defendido, solicitó al Tribunal de Impugnación que baje la causa para que se celebre un nuevo juicio, tal como lo indica el Código Procesal penal de Salta
“Tanto el Código con el que fue juzgado Vera como el nuevo Código Penal indican en su artículo 550 – 551, que se debe hacer un nuevo juicio. Vera llega absuelto a la segunda instancia, por lo tanto ese Tribunal no puede condenarlo, si no que se debe ordenar un nuevo juicio. En un nuevo debate el imputado tiene la posibilidad de volver a demostrar su inocencia”, explicó.
En este sentido dijo que los jueces de segunda instancia interpretaron al revés los informes genéticos y se guiaron por la confesión de Gustavo Lasi.
“Lo condenaron porque tenían que cerrar el caso con alguien más. No podía ser uno solo (Gustavo Lasi). Hay perfiles genéticos que se encontraron en el cuerpo de las víctimas que nunca se investigaron”, finalizó.
Más dudas que certezas
En julio de 2011, el asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni en uno de los corredores turísticos más visitados de San Lorenzo, conmocionó al país y abrió una grieta entre la Justicia y el común de la sociedad.
Por aquellos días la Policía emprendió una “cacería” buscando los causantes de tan aberrante hecho. Luego de decena de detenciones, denuncias de apremios por parte de la Brigada de Investigaciones, condecoración y premios a los investigadores; tres paisanos de la zona fueron señalados como los autores del crimen: Gustavo Lasi, Daniel Vilte y Santos Clemente Vera.
El caso parecía estar cerrado. ¿Pero realmente estos tres hombres eran los autores del crimen?
Gustavo Lasi, por entonces empleado de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y guía de turismo, acorralado por las pruebas genéticas, confesó y sindicó en el hecho a los otros dos imputados.
Sin embargo la sensación de la sociedad salteña, sumado a las pericias que los alejaban de los hechos, insistían en la inocencia de Vilte y Vera.
El 25 de marzo de 2014, antes de que iniciara el juicio, había sido el propio Jean Michel Bouvier –padre de Cassandre- quien había reclamado por sobre todas las cosas transparencia y honestidad en el proceso. Sus intenciones, alejadas de la venganza o el resentimiento, siempre se orientaron incansablemente hacia la búsqueda de la Justicia. Abusando del lunfardo local, Bouvier no quería perejiles: “Prefiero un culpable suelto antes que un inocente preso”. Su frase se hizo bandera.
El pensamiento del francés coincidía, justamente, con las expresiones de miles de salteños que siguieron el caso durante estos casi tres años: a nadie convencían las pruebas manipuladas ni la confesión de un Gustavo Lasi que –antes de realizar sus primeras declaraciones- ya había sido salvajemente torturado por efectivos de la Policía que trabajaron bajo las órdenes del juez Martín Pérez durante el proceso de Instrucción.
Las críticas de las defensas de los imputados y la Fiscalía contra el proceso de Instrucción fueron sistemáticas durante el desarrollo del juicio oral y público. Y, vale destacar, hasta los propios integrantes del Tribunal advirtieron públicamente graves irregularidades.
Pareciera una paradoja de mal gusto: el juicio que se inició con el objetivo central de juzgar a los culpables terminó sirviendo más para liberar “inocentes” que pasaron casi tres años tras las rejas, sufriendo apremios ilegales e irresponsables condenas mediáticas.
Luego de 63 audiencias, el Tribunal de Juicio dio su veredicto: Gustavo Lasi fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de doble homicidio, abuso sexual y robo calificado. En tanto Vilte y Vera fueron absueltos por el beneficio de la duda y recuperaron su libertad.
¿Podía una sola persona haber cometido semejante crimen? La lectura del veredicto había evidenciado una justicia a medias, una justicia ineficiente, una justicia aletargada: una injusticia más. Pues aunque Bouvier y una sociedad cívicamente madura prefieran un culpable libre que un inocente preso, la realidad es que la paz –al menos en torno al caso- no llegaría completamente hasta que sean juzgados y condenados los verdaderos responsables.
La transmisión de las audiencias sirvieron para que la sociedad conozca cómo actuó la Policía que intervino en la investigación: torturas y vejaciones, relatos manipulados, violaciones de derechos constitucionales, falsos elementos probatorios plantados, pruebas solventes y relevantes desestimadas por el juez de Instrucción.
Dos años después, el Tribunal de Impugnación revirtió el fallo de primera instancia y condenó a Gustavo Lasi y a Santos Clemente Vera a 30 años de prisión y solicitaron su inmediata detención.
El nuevo fallo que condenó a Vera respondía a las pericias genéticas basadas en el “cromosoma Y”. Las mismas no habían sido tenidas en cuenta durante el juicio, ya que Vera mantenía un parentesco con Gustavo Lasi y la coincidencia era entendible. Por la misma razón había sido absuelto Walter Lasi, padre del imputado, durante la Instrucción.
Fuente: La Gaceta Salta