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viernes, marzo 29, 2024

¿Quién paga la guerra contra el enemigo invisible?

El alboroto en el mundo de los negocios después de que Alberto Fernández calificara como “miserables” a los empresarios que despidieron empleados en medio de la pandemia de COVID-19 fue tan sinfónico, sobreactuado y coordinado que cuesta no identificar detrás suyo a los destinatarios del epíteto. Veteranos del lobbying, los dueños de Techint no se sintieron especialmente escorados por un Presidente que ya llamó “idiotas”, “tontos”, “locos” e “irresponsables” a distintos protagonistas de esta pesadilla colectiva desde que empezó. Lo que hicieron fue -valga la metáfora en estos tiempos- curarse en salud. Lo mismo que el dueño de Medicus, Jorge Aufiero, cuando Ginés González García amagó con declarar “de interés público” todo el equipamiento sanitario privado. En medio de una crisis que nadie sabe cómo terminará y que desdibujó todas las líneas de cal en el césped, el establishment procura volver a marcar la cancha de lo políticamente posible.

Es una tarea urgente, que explica también el tono grave de las admoniciones y las piruetas argumentales a las que apelaron los escandalizados y sus testaferros ideológicos. No es que la oposición haya aprovechado el flanco débil que dejó Fernández al apartarse del centro donde siempre procura pararse y por eso arrastró a la clase media a un cacerolazo. Lo que mostró el cacerolazo en plena cuarentena, casi como un ladrido al paseaperros a quien no se le discute el rumbo a la plaza, fue por el contrario una orfandad: la de un sector de la sociedad que siempre lo resistirá y que no encuentra referencia en una oposición que ya encabeza de manera nítida el también centrípeto Horacio Rodríguez Larreta, con quien el Presidente habla varias veces por día.

Todas las mediciones coinciden en que Fernández acaba de tocar picos de popularidad inéditos incluso entre quienes votaron a Mauricio Macri. Y eso, para concesionarios privados de servicios públicos como los contratistas, los petroleros, los dueños de prepagas y hasta los banqueros, eleva los riesgos de expropiación. El mundo, además, ofrece ejemplos cada vez más inquietantes. La medida que Aufiero consideró una “locura total” -y que el Gobierno de momento archivó- fue anunciada en Irlanda la semana pasada. Por un gobierno conservador.

Lo que más inquieta a Paolo Rocca y al resto del 1% más poderoso de la sociedad es algo que, hasta esta semana, Alberto Fernández no había mostrado la más mínima intención de hacer: financiar la guerra contra el coronavirus apelando a una contribución económica especial de esos super-ricos. El mote de “miserables”, el acto de fe moyanista del Sanatorio Antártida y el decreto que prohíbe los despidos fueron los primeros indicios de que la posibilidad está sobre la mesa.

De Warren a Massa

No es una recomendación trasnochada de la izquierda. Es exactamente lo que propone Branko Milanovic, el economista serbo-estadounidense a quien el año pasado invitó el mismísimo Paolo Rocca a disertar en Buenos Aires, en el histórico edificio corporativo de la Organización Techint en Catalinas. El experto en desigualdad y desarrollo, también profesor de la Universidad de Maryland y ex investigador del Banco Mundial, vaticinó ante este diario por Zoom que con la diseminación del COVID-19 “se va a ensanchar la brecha tanto en términos de ingresos como de salud” y que “los pobres se van a ver mucho más afectados por esta crisis”.

“Esto es casi como una situación de guerra y se pueden tomar decisiones de emergencia. Si mirás históricamente, durante las guerras hubo impuestos y gravámenes especiales que nunca se habían impuesto”, dijo Milanovic. “Son impuestos que pueden no durar para siempre, como cuando se cambia el esquema tributario. En principio ahí siempre hay negociaciones y se intercambian cosas. Pero con impuestos verdaderamente extraordinarios, se puede cobrar una tasa muy alta sobre los ingresos o sobre la riqueza, y eso va a ser una tasa por única vez, por este año por ejemplo”, agregó.

Algo parecido, aunque no por la corona-crisis sino para compensar la disparada de la desigualdad de la última década, proponía la exprecandidata demócrata Elizabeth Warren: un impuesto especial del 2% a las fortunas de más de 50 millones de dólares con una sobrealícuota del 3% para las que superaran los 1.000 millones. La “Warren tax”, como se la llamó en Estados Unidos, estaba apoyada en cálculos de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, dos colaboradores del francés Thomas Piketty.

En Argentina, si solo se cobrara ese impuesto a los “milmillonarios” como Rocca -un puñado de familias entre las que se destacan los Bulgheroni, los Galperín, los Eurnekian, los Brito y los Roemmers- se recaudarían al menos 28.600 millones de pesos, 143 veces lo que Sergio Massa dijo que ahorrará con la rebaja del 40% de las dietas legislativas que salió a ofrecer después del cacerolazo. Eso suponiendo que cada uno tiene en promedio U$S 1.500 millones (la tercera parte de lo que atesoran los Rocca) y sin contar lo que la “Warren Tax” podría recaudar entre los cerca de mil poseedores de fortunas superiores a los 50 millones de dólares.

Según el Anuario Estadístico 2017 de la AFIP, el 1% más rico de la Argentina declara activos por US$ 89.252 millones en el capítulo Bienes Personales. El 74% de esa riqueza se encuentra en el exterior, por lo que además de obligar a sus dueños a tributar habría que asegurarse de que la trajeran para hacerlo. Pero más del 60% está en títulos, acciones y depósitos en el exterior, lo cual facilitaría la liquidez de la repatriación.

Guaridas y peajes

Es una contribución patriótica que en su momento pidieron otros conservadores, como Eisenhower, pero que la patria contratista difícilmente haga de motu proprio. La concesionaria Autopistas del Sol (Ausol), por ejemplo, le envió una carta esta semana a Vialidad Nacional para que suspenda la decisión oficial de levantar las barreras del peaje en el Acceso Norte para que pasen sin pagar los trabajadores afectados a servicios esenciales. La misiva, firmada por su apoderado Eduardo Pomsztein, advierte que la decisión “se inserta además en el contexto de un sostenido incumplimiento del Régimen Tarifario del Acuerdo Integral, que afecta gravemente los derechos de Ausol”. Es decir, del congelamiento de tarifas que frenó los incrementos que había comprometido Guillermo Dietrich.

Para no generalizar habría que aclarar que los exsocios de Macri que todavía manejan Ausol, a quienes el gobierno anterior prorrogó la concesión hasta 2030, fueron los únicos concesionarios viales que hicieron ese reclamo. Pero el holding Techint, de los Rocca, también aprovecha cada resquicio de su relación con el Estado para extraer una ventaja pecuniaria. En 2001, poco antes de la crisis, montó una ingeniería contable para eludir no solo el pago de impuestos en Argentina sino también el control de las autoridades sobre la gestión de sus compañías. Eso le permitió, además, comprar y vender acciones de sus propias firmas con la misma dinámica en la que cimentó su fortuna el zar energético Marcelo Mindlin.

La constructora Techint Compañía Técnica Internacional SACEI, la que hizo enojar a Fernández con los despidos, es un eslabón de otra compañía del grupo, radicada bajo el régimen de sociedades financieras del Uruguay en la calle La Cumparsita 1373 de Montevideo. Se llama Techint E&C, la E por Engineering y la C por Construction. La uruguaya, a su vez controlada por Techint Investments S.A. de Panamá, declaró ventas en 2017 por más de US$ 1.400 millones y dice tener 18.000 trabajadores.

“Es claro que los empleados que declarara la filial uruguaya no son sólo ahí sino también en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Egipto, España e India”, sostiene el economista Sergio Arelovich, fundador del rosarino Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). Según el especialista en sociedades offshore, “aducir una situación de crisis en un eslabón de esta trama societaria es inaceptablem porque requiere analizar el flujo de operaciones entre todos sus componentes”.

Pero lejos de una contribución patriótica a la Warren o de una suspensión unilateral de los despidos como habría querido el Gobierno para no tener que prohibirlos, Techint SACEI también quiere aprovechar la corona-crisis como oportunidad de negocios. Aferrada a un decreto del 2 de agosto de 2010, que firmó como jefe de Gobierno Macri pero también como jefe de gabinete Rodríguez Larreta, procura reflotar el contrato para construir el Complejo Hospitalario Sur “Muñiz-Udaondo-Ferrer”, para instalar los tres hospitales en el predio del Muñiz. Es una iniciativa privada que incluye una inversión de US$ 172 millones pero que también deja a la empresa a cargo del mantenimiento rentado de las instalaciones, equipamiento y limpieza de los edificios.

En su charla con este diario, Milanovic dijo que en una crisis de esta magnitud, “los ricos deberían darse cuenta de que no solo están pagando para compensar a los pobres por los ingresos que pierden, sino que también están pagando para evitar un colapso social”. Es decir, el derrumbe del castillo que los tiene en la cima. Es algo que Paolo le debe haber leído al mismo Marx cuando, de muy muy joven, militaba en Lotta Continua (Lucha Continua), un grupo de izquierda radical estudiantil que floreció en la Milán de su familia.

FUENTE: BAE NEGOCIOS

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