Un proyecto de Ley presentado en Diputados plantea borrar el marco que habilitó la privatización del servicio eléctrico y avanzar hacia un nuevo esquema con controles, inversión obligatoria y posibilidad concreta de reemplazo.
El diputado provincial Germán Rallé presentó un proyecto de ley que apunta directo al corazón del esquema eléctrico en Salta: propone derogar la Ley Provincial N° 6.810, la norma que habilitó la privatización de la Dirección Provincial de Energía y dio origen al actual modelo de concesión. La iniciativa llega después de escándalo que se generó, cuando la empresa mandó facturas con sobrefacturaciones.
La iniciativa no se queda en la queja por el mal servicio. En su artículo 1°, plantea explícitamente eliminar el marco legal vigente, mientras que en el artículo 2° faculta al Poder Ejecutivo a diseñar un nuevo régimen de concesión para la distribución y comercialización de energía eléctrica en toda la provincia.
El proyecto fija condiciones concretas para ese nuevo esquema. Entre ellas, la obligación de garantizar eficiencia, transparencia, continuidad y universalidad del servicio, además de la protección de los derechos de los usuarios. También exige procesos públicos y competitivos para la adjudicación, evaluación técnica y financiera de los oferentes, y un sistema de control permanente por parte de los organismos competentes.
Uno de los puntos más sensibles aparece en las exigencias a futuro: el nuevo concesionario deberá cumplir con planes de inversión obligatorios para mejorar la infraestructura eléctrica y ampliar la cobertura del servicio en todo el territorio provincial. Es decir, no solo sostener lo que hay, sino corregir años de atraso.
En paralelo, el texto establece que el Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para remitir a la Legislatura un informe detallado sobre cómo se implementará el nuevo proceso concesionario y bajo qué condiciones operará.
En los fundamentos, Rallé sostiene que, tras más de tres décadas, el contexto cambió de manera sustancial y que el servicio eléctrico, definido como una actividad esencial para el desarrollo productivo y social, requiere una revisión profunda. Allí también advierte sobre la necesidad de mayores niveles de inversión, control estatal y mecanismos efectivos de protección frente a deficiencias o aumentos tarifarios.
El proyecto aclara que no se busca interrumpir la prestación del servicio, sino redefinir las reglas bajo las cuales se brinda. Pero en el trasfondo, el mensaje es otro: si el modelo no responde, la continuidad deja de ser garantía.