Bajo el disfraz de una “aclaración técnica”, la reforma a la Ley de Glaciares que defiende la senadora saencista abre la puerta a la megaminería en zonas clave y pone en jaque una de las reservas estratégicas más importantes del país: el agua dulce.
La avanzada no es ingenua. Flavia Royón, senadora nacional y conocida defensora de los intereses de las empresas mineras, ya se mueve como pieza clave en el intento del Gobierno de Javier Milei por modificar la Ley de Glaciares. Una norma que, lejos de ser un obstáculo caprichoso, funciona como un dique legal frente al saqueo ambiental. El objetivo del gobierno es claro: flexibilizar las restricciones para habilitar proyectos de megaminería y exploración hidrocarburífera en áreas que hoy están protegidas.
La ley vigente no deja lugar a ambigüedades. Protege de manera amplia tanto a los glaciares como al ambiente periglacial, suelos congelados que cumplen un rol central en la regulación hídrica, y prohíbe actividades que puedan afectarlos, entre ellas la minería y la explotación de hidrocarburos. No es una exageración ambientalista: es una política de resguardo estratégico en un país atravesado por sequías cada vez más frecuentes y profundas.
Desde Greenpeace lo explican sin eufemismos. Los glaciares y el ambiente periglacial abastecen de agua de forma directa a siete millones de personas y sostienen economías regionales enteras, como la agricultura y el turismo. El daño sobre estos ecosistemas no es reversible ni corregible con estudios posteriores. La ley actual parte de una premisa básica: cuando se destruye un glaciar, no hay plan B.
Sin embargo, Royón insiste en relativizar el problema. Ante diputados provinciales sostuvo que la reforma sería apenas “aclaratoria” de la ley vigente y que en Salta no existen proyectos en conflicto con la normativa actual. Una afirmación tan tranquilizadora como engañosa. Si no hay conflictos, ¿para qué tocar la ley? ¿Por qué avanzar en una reforma que debilita la protección y traslada más poder de decisión a provincias presionadas por intereses extractivos?
El argumento de “actualizar inventarios” y realizar “estudios propios” suena técnico, pero esconde la verdadera intención: abrir rendijas legales para que los proyectos que hoy no pasan el filtro ambiental puedan avanzar mañana.
Cambiar la ley no es un acto administrativo menor; es correr el límite de lo permitido para favorecer negocios millonarios a costa de bienes comunes.
Royón vuelve a dejar en claro su rol. No actúa como una senadora que defiende el interés de todos los salteños, sino como una de las principales lobistas del sector minero dentro del Congreso.