Por Rodolfo Ceballos (*)
Salta decidió no compartir datos ni experiencias de su política pública de salud mental con el resto de las provincias. No dio a conocer cuáles son las oportunidades y los desafíos que tiene para cumplir con la accesibilidad y el derribo de brechas sanitarias. Tenía que contestar una encuesta preparatoria para el “Encuentro Federal por la crisis en salud mental”, realizado recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación al que fueron invitadas las 24 jurisdicciones.
Las provincias más decididas participaron en el G8 de la Salud Mental, panel de las jurisdicciones que respondieron la encuesta que contenía preguntas sobre vigilancia epidemiológica, financiamiento, capacidad para atender la demanda de los usuarios y la oferta de servicios, avances y dificultades sobre la aplicación de la ley de salud mental, internaciones involuntarias y voluntarias, entre otras consultas sanitarias.
Salta no solo dejó de responder el cuestionario, no se sentó en el panel clave de un foro con una cargada agenda de necesidades que reflejan la crisis de la salud mental pública en el país. El sistema local de salud mental desde su propio ombligo se cree autosuficiente y autocomplaciente. No importa ni exporta conocimientos innovadores de otras jurisdicciones. Menos mira el riesgo de la fragmentación federal (provincias con mejores planes de salud mental), tampoco tiene apuro por remover en el interior salteño las desigualdades territoriales que hay para el acceso a la salud mental.
En el Encuentro, con presencia de universidades nacionales, se escuchó un amplio informe de parte de la conducción del Órgano de Revisión nacional. Éste es un dispositivo creado por la ley nacional de salud mental que supervisa al sistema y que cada provincia debe tener funcionando desde el 2012; Salta cuenta por ley con el Órgano, pero recién hace tres años. Para variar, no lo implementó por falta de reglamentación. La causa del lamento es la falta de decisión política de los desangelados o pechos fríos de la alta dirección de la Salud Mental provincial.
El G8 de la Salud Mental consideró varios temas prioritarios: cómo aumentaron las consultas sin poder ser satisfechas a pesar de la incorporación de personal en años anteriores y el mínimo presupuesto e infraestructura que ya no recibe inversiones. Es por eso que todas las jurisdicciones coincidieron que el desfinanciamiento en salud mental es un hecho inaudito.
Se puso el foco en las determinantes psicosociales de los sufrimientos mentales en niños, niñas y adolescentes, subrayando el deterioro económico y la interrupción de programas nacionales clave que agravan la situación.
Hubo amplia coincidencia en el G8 de la Salud Mental que el sistema público sufre una inédita presión por parte de la comunidad. Y quedó consignado que «Ésta sobredemanda incluso se extendió al sector privado que alcanza a personas con obra social o prepaga, quienes se ven obligadas a acudir al sistema público ante el deterioro del primero».
Otro aspecto de la situación diagnosticada para un grupo etario, indicó que la salud mental de los jóvenes es una de las áreas más afectadas. Preocupa el aumento de autolesiones y otros padecimientos. A estos problemas se les deben agregar los intentos de suicidio y dificultades en la regulación del uso de tecnologías.
El cuadro de desafíos está puesto en el impacto en la salud mental de los niños, niñas y jóvenes. Existe una mayor fragilidad en las redes de apoyo y vínculos con adultos, afectados por la vulnerabilidad emocional y económica, así como un incremento en las situaciones de violencias y maltrato entre jóvenes.
En el Encuentro se manifestó una inquietud compartida: la realidad que atraviesa el país en materia de adicciones representa una crisis humanitaria invisible.
Además, se acordó convocar a una nueva reunión federal por una agenda común de emergencia en salud mental y reafirmar el compromiso con la plena implementación de la ley nacional de Salud Mental N.º 26.657, orientada al enfoque de derechos y perspectiva de comunidad.
Una advertencia escuchada para Nación en el Encuentro fue ésta: «En nuestras provincias hay más personas consultando por ansiedad, angustia, depresión y riesgo suicida, y menos recursos disponibles por el abandono nacional. Sostenemos la salud mental como derecho humano, no como privilegio ni mercancía”.
El G8 de la Salud Mental, en el documento que dio a conocer a la prensa, reiteró su disposición a construir puentes de diálogo y cooperación, pero aclaró que las provincias no pueden seguir supliendo solas las funciones esenciales del Estado nacional. La salud mental necesita recursos, compromiso y presencia efectiva.
Salta debe saber leer ese documento, ya que refleja la idea que la crisis no se limita a la sobrecarga de los equipos de salud, sino que afecta a familias, escuelas, redes comunitarias y que impone una trama social del sufrimiento.
¿Esta crisis en las provincias descripta por el G8 no es similar a la que tiene la política pública de Salud Mental de Salta? ¿Acaso no es solo sanitaria, sino política y simbólica? El Estado, en tanto garante de derechos, cumple una función simbólica: representa la ley, el cuidado, la protección.
Salud Mental, lentamente por omisión, lleva el sufrimiento psíquico a convertirse en el síntoma de un Estado que se retira, frente a vínculos sociales que se erosionan, y con políticas públicas que no logran sostener la vida en comunidad. La respuesta no puede ser solo técnica o farmacológica, indicándole a la población que línea llamar o en qué domicilio se pide el turno y dejar que la demanda fluya a los escritorios de los consultorios por magia del Instagram.
Hay que promover comunicaciones públicas que generen vínculos, comprensión, confianza e información. Hacer abordajes territoriales, intersectoriales y comunitarios, alejados del paradigma hospitalocéntrico del que el Ragone se enamoró.
En el peregrinar de los usuarios que buscan soluciones, la Curadora Oficial de la Asesoría de Incapaces los contiene, les da la seguridad jurídica que el mismo sistema sanitario se los niega.
La crisis de la salud mental en este ciclo político de Salta no es para desangelados, se requiere reconstruir lo común, garantizar derechos, y devolverle sentido a la presencia institucional.
(*) Periodista especializado en temas de psicología y salud mental.