Los datos de 2025 ubican a Salta primera en el ranking regional y entre las provincias con mayores tasas delictivas del país. La política de seguridad de Avellaneda, bajo la lupa.
La inseguridad en Salta dejó de ser solamente una percepción que crece entre los vecinos para convertirse también en un dato difícil de disimular. Según las cifras de 2025 difundidas por Ciudadana Comunicación, la provincia ocupa el segundo lugar nacional en tasa de hurtos y el quinto en robos, dos indicadores que la ubican al tope de las estadísticas del NOA y exponen las limitaciones de la política de seguridad provincial.
En materia de hurtos, Salta registra una tasa de 1.275,1 casos cada 100 mil habitantes, apenas por debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En robos, la cifra alcanza los 1.149,9 casos cada 100 mil habitantes, detrás de CABA, Mendoza, Córdoba y San Juan. El dato regional tampoco ofrece demasiado margen para el discurso oficial: Salta supera a Santiago del Estero en un 26% en hurtos y un 29% en robos y es la peor de la región.
Los números contrastan con una realidad que los vecinos conocen de primera mano, entre zonas donde la presencia policial resulta insuficiente, reclamos por falta de personal y de recursos en general, y una planificación que parece no dar ninguna respuesta a las necesidades concretas de cada barrio. Mientras se multiplican las preocupaciones por los delitos contra la propiedad, la discusión sobre la seguridad sigue demasiado atada a los anuncios y a las respuestas coyunturales, sin que los resultados permitan exhibir una mejora consistente.
El contexto político también importa. Nicolás Avellaneda, actual ministro de Seguridad, estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad durante todo 2025, precisamente el período al que corresponden los datos difundidos. No se trata, por lo tanto, de estadísticas que puedan atribuirse sin más a una gestión anterior o a un funcionario recién llegado: corresponden a un año en el que Avellaneda ya formaba parte de la conducción del área.
La discusión no se agota en la cantidad de efectivos disponibles ni en la necesidad de sumar patrulleros. También involucra la distribución de los recursos, la prevención, la presencia territorial y la capacidad de anticiparse a los problemas, en lugar de limitarse a intervenir cuando el delito ya ocurrió. Si Salta encabeza los indicadores regionales y figura entre las provincias con mayores tasas del país, resulta inevitable revisar qué está fallando en una política de seguridad que tiene la obligación de ofrecer algo más que explicaciones.
Por ahora, las cifras dejan a Salta en el peor de los lugares: segunda en hurtos y quinta en robos a nivel nacional, primera en el NOA en ambos indicadores. Un podio que difícilmente pueda presentarse como un logro de gestión.