Autoridades de por lo menos 13 provincias suscribieron un duro comunicado para visibilizar la represión y persecución del gobernador jujeño Gerardo Morales.
La crisis en Jujuy desatada por la reforma constitucional se agrava. En los últimos días la Policía ingresó a la Universidad Nacional, el gobernador Gerardo Morales amenazó con expropiar una sede de la Universidad de Buenos Aires en Tilcara, detuvieron al abogado penalista Alberto Nallar y se congelaron los fondos para municipios críticos con el accionar del precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, entre otros hechos.
Ante este escenario, las autoridades de las secretarias de Derechos Humanos de distintas provincias expresaron su preocupación y pidieron a las instituciones competentes que “actúen para recuperar la paz y el estado pleno de derecho”. A través de un comunicado advierten un “creciente deterioro del estado de derecho y falta de respeto a las garantías constitucionales en la hermana provincia de Jujuy”.
En el texto enumeran la “criminalización del reclamo y la legitima protesta social, detenciones arbitrarias, formación de causas penales a decenas de militantes y dirigentes sociales y políticos; inteligencia, espionaje y persecución naturalizada y sistemática contra opositores políticos y referentes de sectores sociales; estigmatización y persecución a comunidades originarias y dirigentes sindicales”.
Todas esas acciones “son muestras de un avance autoritario del gobernador Morales y funcionarios judiciales sobre la población jujeña”. “Duele e indigna que, cumpliendo 40 años de democracia, después del genocidio producido por el Terrorismo de Estado que asoló la Patria, regrese la violencia represiva y la persecución política por parte del Estado”, señala el comunicado.
El documento difundido por la agencia de noticias Télam lleva la firma de las autoridades de derechos humanos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, Chaco, La Pampa, Río Negro, Chubut, La Rioja, San Juan, Santa Fe y Tucumán. En el caso de Salta, dicha secretaria está a cargo de Mariana Reyes Arredondo, cuya firma no aparece en el comunicado.
También hubo una conferencia de prensa en el Congreso para “informar sobre los brutales allanamientos, detenciones arbitrarias, causas armadas y otras violaciones a los derechos humanos que están sucediendo” en Jujuy, explicó el secretario de derechos humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Participaron legisladores, referentes sindicales, representantes de universidades, PyMES y cooperativas, Abuelas de Plaza de Mayo junto a víctimas de la violencia institucional en Jujuy.