El abogado Rodrigo Solá cuestionó el intento de recortar organismos de control y advirtió que la provincia combina emergencia carcelaria con un debilitamiento institucional. “Siempre está en los peores escalafones”, aseguró.
El debate por las modificaciones al Comité contra la Tortura y al Observatorio de Violencia contra las Mujeres sigue sumando rechazos. Esta vez fue el turno de Rodrigo Solá, quien apuntó directamente contra los cambios impulsados desde el oficialismo y advirtió que en Salta se intenta avanzar sobre organismos que “incomodan” al poder.
“Las modificaciones son regresivas, bajan los estándares y afectan la independencia del organismo”, sostuvo Solá en diálogo radial, donde además remarcó que el Comité Nacional ya presentó observaciones formales en rechazo al proyecto aprobado en Diputados.
El dirigente explicó que la ley original establecía incompatibilidades para los comisionados justamente para evitar presiones políticas o intereses cruzados. “La lógica era que quienes integran el Comité estén dedicados a tiempo completo y tengan una remuneración acorde, porque controlan incluso al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial”, señaló.
En ese sentido, cuestionó que ahora las remuneraciones queden libradas “a la discrecionalidad” de cada poder del Estado. “Puede pasar que un comisionado cobre distinto que otro o que terminen con contratos por debajo de la línea de pobreza, como sucede en otras provincias”, alertó.
Solá también recordó las condiciones precarias en las que funcionó el organismo durante años: “Nosotros poníamos nuestros propios autos, pagábamos la nafta y hacíamos las recorridas sin movilidad oficial. Nunca hubo recursos suficientes”.
Pero el punto más fuerte llegó cuando analizó la situación penitenciaria de la provincia. “Salta tiene una de las situaciones más críticas en términos de sobrepoblación”, afirmó. Y agregó: “Siempre aparece entre las peores provincias cuando se mide objetivamente el hacinamiento”.
Para Solá, la contradicción es evidente: “Salta tiene emergencia carcelaria y emergencia en violencia de género, pero al mismo tiempo plantea reducir organismos de control que justamente trabajan sobre esas problemáticas”.
El integrante del Comité Nacional sostuvo además que estos espacios no solo realizan denuncias o informes críticos, sino que también proponen soluciones concretas. “Trabajábamos mesas interinstitucionales, abordábamos el acceso a la salud, la sobrepoblación y otros temas. No era solamente criticar”, explicó.
Durante la entrevista también dejó una definición que expone el desinterés político alrededor del organismo: “El representante del Ejecutivo nunca asumió y jamás volvieron a convocar a concurso”.
Actualmente, según indicó, el Comité funciona prácticamente de manera simbólica. “Hoy hay un solo comisionado y una asesora legal haciendo todas las tareas. Es prácticamente imposible sostener el funcionamiento así”, advirtió.