Demoras injustificadas, sesiones a puertas cerradas, ordenanzas que no se publican y un exintendente condenado ocupando una banca. San Lorenzo vuelve a quedar bajo la lupa por prácticas opacas, desprolijidades institucionales y operaciones mediáticas.
David San Román, ex candidato a concejal en las elecciones provinciales del 11 de mayo, dio un duro diagnóstico sobre el estado del Concejo Deliberante local. Aunque no logró acceder a una banca, asegura que su motivación sigue intacta: ordenar un “desastre institucional” que se arrastra desde antes de agosto de 2024 y que sigue vigente bajo nuevas autoridades.
Apenas asumieron los nuevos concejales, San Román presentó dos cartas formales dirigidas al presidente y vicepresidente del cuerpo legislativo municipal. Allí no solo advirtió sobre irregularidades estructurales, sino que adjuntó cinco proyectos de ordenanza orientados a garantizar transparencia, acceso a la información pública y control ciudadano. Propuestas básicas en cualquier democracia funcional, pero que en San Lorenzo parecen todavía materia pendiente.
El diagnóstico es lapidario: “demoras de hasta dos años en la publicación de ordenanzas, subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo municipal, una Secretaría Legislativa sometida a decisiones políticas y un desprecio sistemático por el marco normativo vigente”. Todo eso, comprobado, según San Román, durante 15 meses de seguimiento personal, pedidos de información y puertas cerradas.
En ese contexto, la asunción de Ernesto “Kila” Gonza, ex intendente condenado por fraude contra la administración pública y peculado, no sorprendió a nadie. O mejor dicho: sorprendió solo a quienes todavía creen que la Justicia provincial actúa con tiempos y criterios ajenos a la conveniencia política. Gonza asumió como concejal el 10 de diciembre sin que el Concejo estuviera formalmente notificado de su inhabilitación, y hasta presidió la Sesión Preparatoria por ser el concejal electo de mayor edad, tal como marca la Carta Orgánica.
La posterior viralización de una noticia que intentó responsabilizar a otros concejales, entre ellos Carlos Maldonado, de La Libertad Avanza, por la asunción del condenado fue, según San Román, una operación mediática burda y malintencionada. La moción para suspender a Gonza se presentó fuera del Orden del Día, de manera improvisada y con el propio Gonza ya sentado en la presidencia provisoria. Un bochorno institucional que recién fue “saneado” cuando el Tribunal de Impugnación finalmente lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Lo que no quedó saneado, advierte San Román, es el daño a la credibilidad del Concejo ni la manipulación informativa posterior. Tampoco el problema de fondo: un cuerpo legislativo que funciona de espaldas a la ciudadanía, que obliga a presentar notas para acceder a actas, que sesiona a puertas cerradas y que ignora proyectos claves como el Digesto Jurídico Municipal, cajoneado desde julio sin explicación alguna.
Los cinco proyectos presentados apuntan a lo elemental: sesiones grabadas y transmitidas en vivo, acceso público irrestricto, publicación online del Orden del Día y las actas, medios institucionales propios y un digesto jurídico actualizado. Nada revolucionario. Todo imprescindible.
La pregunta ya no es si San Lorenzo necesita transparencia. La pregunta es cuántos más están dispuestos a mirar para otro lado mientras el Concejo Deliberante sigue funcionando como una caja negra, con condenados reciclados, reglamentos ignorados y relatos mediáticos armados a conveniencia.