Los casos se multiplican en distintos puntos de la provincia. La respuesta oficial se centra en detenciones y medidas judiciales.
Las amenazas en establecimientos educativos de Salta encendieron las alarmas en las últimas semanas y ya derivaron en la detención de al menos seis estudiantes, en el marco de distintas investigaciones por intimidación pública.
Los episodios se registraron tanto en la capital como en el interior provincial, con mensajes que advertían supuestos ataques o tiroteos. En varios casos, la difusión de los mensajes obligó a activar protocolos de seguridad, con suspensión de actividades y evacuaciones preventivas.
A partir de estas situaciones, intervino la Justicia junto a fuerzas de seguridad, avanzando con allanamientos, secuestro de dispositivos y la identificación de los presuntos responsables. Algunos jóvenes fueron detenidos, mientras que en otros casos se dictaron medidas restrictivas.
Incluso, en una de las causas, se dispuso una reparación económica que deberá afrontar la familia de uno de los involucrados, en una decisión que amplía el alcance de las sanciones más allá de lo penal.
En ese contexto, la respuesta del gobierno provincial volvió a apoyarse principalmente en herramientas judiciales y policiales, en línea con una mirada que prioriza el abordaje punitivo frente a un fenómeno que también abre interrogantes en el plano educativo y social.