Luego del decreto firmado por Sáenz, desde la cartera conducida por Marcelo Domínguez indicaron que este protocolo tiene por objeto «garantizar la paz social, la defensa de los derechos a la protesta y a la libre circulación».
El protocolo que entró en vigencia este jueves se enmarca en el Decreto Provincial 91/2023 donde señala que el “Estado debe garantizar el goce de los derechos de la persona humana, adoptando medidas positivas tendientes a asegurar el orden público, la seguridad jurídica y el bienestar general de todos sus habitantes. Por ello, ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos se debe adoptar las vías o acciones para lograr su inmediato restablecimiento, a los fines de garantizar el ejercicio razonable de los derechos que se invocan. En tal escenario resulta procedente establecer un Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas, a fin de optimizar los esfuerzos provinciales tendientes a alcanzar una solución, evitando que las manifestaciones públicas generen situaciones de conflicto”.
En ese contexto, el ministerio que recientemente asumió Domínguez, presentó el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas «con el objeto de arbitrar los mecanismos para garantizar la paz social, la defensa de los derechos a la protesta y a la libre circulación en rutas, caminos vecinales y cualquier otra vía pública de tránsito. También promueve la eficiente resolución de reclamos y/o conflictos sociales», informaron.
Luego añadieron: «Lo dispuesto por el Gobernador responde a los perjuicios que ocasionan a la comunidad, la producción y las economías locales en general, los métodos de reclamo que bloquean el desplazamiento de personas, bienes y servicios».
También, desde Seguridad explicaron que trabajarán con la Justicia Federal y Provincial para «garantizar los derechos constitucionales promoviendo el diálogo, la intervención oportuna de los organismos competentes y la realización en forma pacífica de los reclamos sociales, a fin de evitar el uso de la fuerza pública, la que representa la última instancia de actuación, según lo indica el protocolo vigente».