La urbanización sin control, la corrupción y una mala gestión del agua colocaron en un punto límite a la capital de la provincia. Sin embargo, mientras crecen los reclamos por la falta del líquido elemento, dos empresas que tienen sólidos contactos con el gobierno continúan levantando edificios.
No es una novedad que el crecimiento urbanístico descontrolado en la ciudad de Salta agravó el déficit de acceso al agua que tienen los vecinos del micro y macrocentro capitalino. En ese contexto, mientras la empresa Aguas del Norte no consigue ofrecer un servicio acorde a las necesidades de la población, continúan los permisos municipales para que se sigan levantando edificaciones verticales de varios pisos. Entonces, la falta de sinceramiento en relación a la construcción desmedida, por encima del agua disponible, enciende luces de alarma.
La presidenta de la ONG Red Sol, María Elena Jiménez, meses atrás instó a las autoridades de la provincia para que intervengan en lo que asegura es una catástrofe derivada tanto del crecimiento poblacional como de los negociados hechos por la municipalidad capitalina desde la gestión de Miguel Isa en adelante.
En Capital se han construido hasta hoy “no menos de 1000 edificios, PH más en altura, con superficies cubiertas que oscilan entre los 1500, 3500 y más metros cuadrados, y fácil 30 a 40 unidades funcionales, y con servicios premium ofrecidos de piscinas, bañeras con hidromasajes, etc”, señalaron en un informe reciente desde la Red Sol.
Lo curioso -o no tanto- es que si se hace un relevamiento de las firmas constructoras que trabajan en tales “emprendimiento”, se observa una clara vinculación con el poder político, lo cual lleva a sospechar la posible existencia de ciertos favoritismos a la hora de aprobar determinadas construcciones que bien podrían poner en riesgo de colapso cloacal el centro salteño, y también barrios aledaños.
Entre las empresas que más resaltan se puede mencionar RIICA, una firma con varias edificaciones en curso, propiedad de Néstor Riise, hermano de un funcionario de la Coordinación de Gobierno y que curiosamente tiene publicidad en los colectivos de Saeta. Otra que resalta es LAS CORTES, constructora relacionada con la presidenta de la Corte de Justicia de Salta Teresa Ovejero. También RAC, propiedad de Rafael Cornejo, casado con la hermana del secretario Legal y Técnico de la municipalidad, Daniel Nallar.
De esta manera, está claro que el negocio inmobiliario y de la construcción pesan más para los gobiernos -municipal y provincial-. que la salud de toda una ciudad; tampoco importa, al parecer, el mantenimiento de un casco histórico que más temprano que tarde terminará rebalsado en heces, si es que no se toman las medidas para sanear la crisis que la administración de Aguas del Norte no sabe, ni ha sabido, controlar.
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