En pleno paro docente, el Gobierno apura informes en 48 horas y advierte con revisar fondos. La presión llega mientras sigue sin cumplir la ley de financiamiento.
Con membrete grandilocuente, “Año de la grandeza argentina”, pero contenido de tono marcadamente intimidatorio, el Gobierno nacional decidió avanzar sobre las universidades públicas en medio de un conflicto que el propio Ejecutivo nacional alimenta. A través de una nota firmada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, exigió a los rectores de las casas de altos estudios un informe detallado para garantizar la “continuidad pedagógica” en plena semana de paro docente.
El requerimiento no llega en un contexto neutral. Las universidades atraviesan medidas de fuerza ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que lleva más de seis meses sin aplicarse. En ese marco, la misiva oficial pide precisiones sobre “planes de contingencia”, “garantía de acceso” y “modalidades alternativas” para sostener las clases sin interrupciones.
A modo de amenaza, Nación le dio a las autoridades un plazo de 48 horas, con un mensaje de fondo: si no cumplen, puede haber consecuencias. En un apartado de “apercibimiento”, el Gobierno advierte que el incumplimiento habilitaría la revisión de la asignación y transferencia de recursos presupuestarios. Es decir, amenazan con desfinanciar todavía más.
El argumento oficial apela a los derechos de enseñar y aprender. Sin embargo, desde el sector docente señalan una contradicción difícil de disimular: esos mismos derechos son vulnerados por el propio Estado al no garantizar el financiamiento básico del sistema universitario. Incluso recuerdan que existen fallos judiciales que responsabilizan al Gobierno por esta situación.
Desde ADIUNSa, el gremio que nuclea a docentes de la Universidad Nacional de Salta, calificaron la nota como “altamente intimidatoria” y denunciaron un intento de avanzar sobre la autonomía universitaria y el derecho a huelga. En ese sentido, lejos de retroceder, ratificaron la continuidad del paro y convocaron a profundizar las medidas.
El conflicto escala mientras se organiza una nueva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo. En ese escenario, la estrategia oficial parece clara: endurecer el discurso, correr el eje hacia la “continuidad” y poner a las universidades bajo presión administrativa. Del otro lado, la respuesta también se endurece.