En el paquete de funcionarios renunciados, luego de la derrota electoral del Gauchito Malo está también la del secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel.
Se trata de un burócrata muy conocido en la administración pública provincial: Fue urtubecista primero y luego saencista, acomodándose con reflejos rápidos de trapecista ante el cambio de gobierno. Su expertise en adicciones no pudo ser revalida en ninguna de las administraciones de la salud mental. Al contrario, subestima la complejidad de su cartera.
En su larga gestión pseudosanitaria que comenzó en el 2014, entró por la ventana de Urtubey. Nunca demostró talento para el manejo de las políticas públicas. Hoy las estadísticas de las adicciones van en ascenso. Las de los niños y adolescentes crecieron un 60%.
Más grave aún: hay registros de casos con consumo en chicos de apenas ocho años. Este panorama no es producto del azar ni de una fatalidad social inevitable. Es el resultado directo de su gestión que ha fallado en prevenir, contener y transformar.
Acomodado con una sarta de ministros que lo vienen consintiendo en el cargo, que parece perpetuo por lo estable y blindado con amianto, nunca se quemó ante su fracaso sanitarista demostrado en los gobiernos en que se desempeñó.
Nunca en su vida dio una conferencia de prensa, solo se limita a ser comentarista de las adicciones en programas de periodistas que paga el Grand Bourg.
En las salidas al aire, sin ponerse colorado, autoelogia su enfoque reactivo, fragmentario y tecnocrático para con los múltiples problemas de la salud mental provincial.
Está acostumbrado a que su interlocutor sea la prensa amiga del Gauchito Malo, porque sabe que nunca le preguntarán por qué descuidó la prevención territorial, la articulación intersectorial y la protección de la infancia vulnerable en todo su trabajo.
No tiene campañas sanitarias serias, que aborden el consumo desde la niñez. No hay protocolos públicos ni matrices de seguimiento que reconozcan a los niños como sujetos de derecho en el marco de la salud mental. Su gestión ha invisibilizado el fenómeno del consumo infantil, tratándolo como una derivación tardía en lugar de una emergencia estructural.
Como buen oficinista, es frecuente que Teruel con los periodistas ensobrados culpe a la Nación de los límites de su gestión. Se queja que el Estado nacional no da apoyo a Salta y que “históricamente sólo realiza aportes económicos”. Esta narrativa, lejos de asumir responsabilidades, encubre la falta de liderazgo local y la ausencia de innovación institucional.
Salta necesita una política de salud mental que no se limite a administrar dispositivos, sino que diagnostique, prevenga y transforme.
Teruel sin ser un master en su disciplina, es maestro de las volteretas políticas. Con enorme ubicuidad y sin responsabilidad por la gestión sanitaria, se autopercibe imprescindible para el mismo cargo. En la era Urtubey fue secretario de Adicciones (2014–2019), coordinador de Adicciones de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones (2019–2023) y desde el 2023 secretario de Salud Mental y Adicciones.
Sigue campante sin cumplir la Constitución de Salta que es garantizar el derecho a la salud integral de todos los ciudadanos, fomentando como prioritaria la protección, la equidad territorial y la justicia como reparación. Estos principios son muy filosóficos para su mentalidad tecnocrática.
Las adicciones en Salta, por el nivel de prevalencia cada vez en edades más bajas, son una herida institucional que interpela directamente a quienes conducen las políticas públicas. Salta necesita una reforma profunda en salud mental. Y su gestión ociosa y demasiado larga para tan nulos resultados, no puede ser excusada en nombre de que Teruel es un “infernal” leal del Gaucho Malo.
Cuando una gestión pública en salud mental y adicciones exhibe indicadores de deterioro -como el aumento del 60% en los casos de consumo problemático y la aparición de niños de ocho años como adictos- no es por un simple error técnico o una coyuntura desafortunada. Estamos ante una falla ética estructural del funcionario aferrado solo al cargo y no al cumplimiento de un servicio a la sociedad.
¡Terrible! La gestión del “infernal” tolera el agravamiento de las adicciones sin reformular su estrategia e incurre en una forma de negligencia ética institucionalizada.