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viernes, septiembre 4, 2026

Trata, poder y encubrimiento: «Chicho» Russo zafó de ir en cana

Francisco Marcelo “Chicho” Russo, ex barra brava de Juventud Antoniana, sólo recibió una condena a cinco años y medio de prisión domiciliaria, por razones de salud. En el papel, “justicia”; en la realidad, impunidad.

Fue en 2013 cuando estalló la trama: los allanamientos simultáneos a cabarets disfrazados de confiterías —Terra Nostra, Rumi, Don Quijote— desnudaron una red de trata de personas en primerísima línea.

Durante más de una década, el sistema judicial mostró toda su lentitud: notificaciones extraviadas, dilaciones procesales, juicios que se suspendían una y otra vez.

La justicia, como siempre, era una calle desierta que Russo transitaba sin obstáculo. Hasta que, en 2025, fue finalmente detenido, juzgado por tiempo y aceptando los cargos. Pero sin ir a la cárcel.

No es casual que Russo haya zafado tanto. Desde hace años es reconocido haber sido mano derecha de Miguel Ángel Isa,  exintendente de Salta (2003–2015) y presidente de CJA. Esa cercanía no era un enredo escondido: Isa lo respaldaba implícitamente, y Russo se movía como fuerza de choque una epoca.

Vecinos denunciaron que, ante el auge de estos cabarets distorsionados, el Municipio de Isa se limitó a firmar actas de reubicación —sin clausurar nada— e incluso renovar contratos de locación. Las alertas se estrellaron contra un muro de protocolos elásticos y legitimación tácita.

Aquel silencio institucional era el blindaje perfecto. Un mecanismo donde el poder permitía la operación criminal, mientras mantenía una fachada impasible. Isa no actuó como facilitador explícito, pero sus gestos permitieron que Russo operara sin freno.

Si la cobertura política de Isa era el escudo general, Cristina Fiore, hoy ministra de Educación, por ese entonces secretaria de Control Comercial, fue la mano práctica que permitió que los cabarets siguieran abiertos.

En 2011, firmó la habilitación municipal para Blue Sky, pese a que su propietario estaba procesado por trata. Su justificación fue simple: “no tenía pruebas”. Sin embargo, el expediente ya contenía denuncias formales de víctimas.

Lo irónico (pero no sorprendente) es que Fiore terminó siendo candidata al Senado por el Frente para la Victoria e ingresó a la camara alta.

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