Tras la detención del exintendente de Campo Quijano y el inicio de la prisión efectiva, debería comenzar una nueva etapa para Salta, tanto para los imputados por corrupción, como para los funcionarios judiciales.
Tras en enorme aplazo que recibió la “Justicia” salteña por parte de la Corte Suprema de Justicia, por haber condenado de manera ilegal e improcedente a un inocente a cadena perpetua, como sucedió con Santos Clemente Vera, por fin se conoce una buena noticia que, aunque es bien recibida, queda claro que es demasiado poco.
En los últimos años, diez intendentes han sido denunciados e imputados por delitos compatibles por corrupción en Salta. Además, hay otras causas y denuncias emblemáticas como la que se formuló contra el exministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, las del destino final de los créditos en dólares por el Fondo de Reparación Histórica y el Fondo del Bicentenario, contraídos durante el Gobierno de Urtubey, las denuncias contra el empresario de medios Mario Peña, por cobro flagrante de publicidad en programas inexistentes en su radio y varias otras causas que no han avanzado ni una foja para determinar culpabilidades y corregir el mal endémico de la corrupción en una provincia pobre.
Acá, en Salta, donde la miseria es moneda corriente y paisaje común, sobre todo en el norte, es importante recordar lo que se dijo una vez: la miseria es culpa de los miserables, pues bien, los miserables no serían tales sin la trama de complicidades que han logrado tender en el poder.
Al cabo de cuatro años, la ampliación de la Corte de Justicia de siete a nueve integrantes, no tiene ningún balance positivo para poner en evidencia. Tampoco la tuvo la ampliación de cinco a siete miembros que dispuso Urtubey en 2008.
El repaso
En los últimos 10 años, al menos diez intendentes fueron imputados, procesados, juzgados e incluso algunos ya fueron condenados por distintas causas en las que el peculado y el enriquecimiento ilícito aparece de manera recurrente. A ello se le añade la vinculación con delitos tales como la corrupción de menores e incluso trata de personas.
Julio Jalit, quien pasó de empleado de estación de servicio a multimillonario hacendado, terrateniente y empresario de transporte, quedó en la memoria colectiva por todo ese asombroso enriquecimiento, pero además por haber pronunciado ese increíble discurso en el que dijo “hasta para robrar hay que ser inteligente y yo me considero inteligente”. Está denunciado por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y peculado, entre otros delitos durante sus primeros mandatos como intendente de Pichanal. Durante 2022 se pidió elevación a juicio en su contra, pero no se fijó fecha, en marzo de 2023, volvió a ser electo como intendente de ese municipio oranense y en la costumbre del Poder Judicial salteño, que haya sido electo nuevamente es es algo así como un equivalente a ‘cosa juzgada’.
En 2023 fue condenada a la pena de cuatro años de prisión efectiva Angelina Lucía Canchi, exintendenta de Isla de Cañas, por los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta y por supresión de documentos, peculados reiterados (cuatro hechos), todos en concurso real. Fue alojada en la Unidad Carcelaria 9 de Orán y carga además con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la administración pública. Su caso fue resuelto con más celeridad, probablemente por no ser portadora de apellido o vínculos de peso.
A fines de 2022, el Tribunal de la Sala I condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios, todos en concurso real. También se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El exintendente de Aguaray: Enrique Prado, fue condenado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de robo agravado en despoblado y en banda de los caños del Gasoducto NEA, los que se comercializaron por montos superiores a los 13 millones de dólares.
El exintendente de Angastaco, Eduardo Díaz, fue condenado mediante un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de peculado en calidad de autor.
El actual intendente de Rosario de Lerma, Sergio “Topo” Ramos, está imputado por desvío de fondos públicos, pero la Justicia nunca pudo avanzar en la causa y llegó a pedir su desafuero al Senado durante 2021. La causa data del 2013, cuando era intendente de Rosario de Lerma, y se lo acusó de peculado por el desvío de poco más de 340 mil pesos que en 2013, que tenían el destino de construcción de dos viviendas nunca se ejecutadas.
Juan Rosario Mazzone, exintendente de El Bordo, fue acusado del delito de corrupción de menores. El país vio sus fotos en calzoncillos con dos adolescentes de 15 y17 años, su gobierno fue intervenido y luego condenado por la Justicia.
En Salvador Mazza, los electores no han tenido suerte o aciertos con sus decisiones. En 2013, el exintendente de ese municipio, fue hallado en un prostíbulo de Salta Capital, curiosamente habilitado como whiskería por la intendencia de Miguel Isa. Villalba fue condenado por estar vinculado al delito de trata de personas.
Tras aprobarse su intervención, dos años más tarde, Villalba fue candidato a intendente por el PJ, cuando ese partido era presidido por Juan Manuel Urtubey, pero perdió contra el comerciante norteño Rubén Méndez, quien también terminó intervenido y con causas judiciales, de hecho está imputado por delitos de asociación ilícita, peculado (3 hechos), enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su casa se halló una cantidad injustificada de dinero en efectivo en pesos argentinos, bolivianos y dólares. La causa en su contra, duerme en los cajones de tribunales.
Rita Carreras, exintendenta de Coronel Moldes, está imputada por varios hechos de corrupción, ocurridos mientras se desempeñaba como intendenta de Coronel Moldes. En 2023, se postuló nuevamente al cargo, pero no logró el objetivo.
Enrique Briones