La decisión de SAETA, es decir del Gobierno provincial, de eliminar el transporte público desde las 22, representa un toque de queda contra los pobres, laburantes precarizados y contra decenas de miles de estudiantes que buscan consolidar un proyecto de vida a futuro.
La noche del 1 de junio en la ciudad de Salta y alrededores era muy similar a las que vivimos en la pandemia o peor aún, de aquellas en las que para un régimen dictatorial no alcazaba con un estado de sitio y se dictaba un “toque de queda”, todos en sus casas temprano, nadie intentando interactuar en comunidad.
Pero lo dispuesto por SAETA, con aval explícito del gobernador Gustavo Sáenz, no es más que un toque de queda cruel y discriminador. Golpea a los que más necesitan un servicio elemental como el transporte público, atenta contra el laburante precarizado (nocturno) y contra quienes estudian de día para terminar los niveles obligatorios o para formarse profesionalmente en la educación superior y apuntalar con ello un proyecto de vida que luego redundará en beneficio de la comunidad toda.
El lunes por la noche, las persianas de los negocios céntricos se bajaron antes de lo habitual, la gente se abalanzaba hacia las paradas de colectivo y muchos, en desconcierto y desinformación, fueron sorprendidos por la mala noticia y quedaron varados.
La restricción no es tan solo un asunto de impericia política para garantizar un servicio esencial, representa una encerrona para el Gobierno provincial que en esta ocasión no tiene siquiera el recurso de victimizarse ante los recortes y retenciones de subsidios del Gobierno nacional.
El gobernador viene de declarar son reparos que el ministro de Economía Nicolás Caputo “le transmite esperanza”, en esa misma declaración destacó haberse reunido con Karina Milei y Lule Menem, todo un derrotero amigable con los máximos exponentes del Gobierno nacional libertario.
Además, es claro que el servicio del transporte es de competencia provincial y que al presidente del directorio de SAETA lo designa el Gobernador, por lo tanto, la medida no se tomó de forma unilateral por parte de las empresas privadas.
Ante el impacto, el martes se reunieron funcionarios de la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte), de SAETA y diputados provinciales, que llegaron al encuentro con una asombrosa desconexión con la realidad, poniendo en duda que miles de salteños no puedan volver a sus casas o planteando que quieren analizar la situación con detenimiento, lo que por sí no es malo, pero dejan de lado lo acuciante de la situación.
El Gobierno que baja la persiana a la ciudad antes de lo habitual, pero con ello está clausurando su propia perspectiva.
Mientras tanto, la ciudad empezó a verse deshabitada por las noches, pero vale aclarar, los que ahuyentados fueron los pobres, los laburantes y los estudiantes. Toda una definición.