Mabel Albornoz tiene dos hijos y una nieta a cargo, y desde que le entregaron su lote en ampliación de Parque La Vega vive en carpa y esperando que la Subsecretaría de Tierra y Hábitat resuelva sobre los continuos intentos de usurpación de la que es víctima.
A través de la resolución 20 del Gobierno provincial, en febrero del 2016 la mujer resultó beneficiaria con un permiso precario del lote 9 de la manzana 9 de ampliación de Parque La Vega. Sin embargo, desde entonces en dos ocasiones otras personas intentaron desalojarla del terreno.
Puso en conocimiento de lo ocurrido a la Policía y a las autoridades de Tierra y Hábitat ya que «los usurpadores» aseguraban que el organismo también les había otorgado ese terreno.
Albornoz contó a Nuevo Diario que en noviembre del año pasado denunció en la Comisaría de San Remo que mientras trabajaba otras personas ingresaron a su terreno, que ya estaba cercado y tenía materiales de construcción para comenzar a edificar, manifestando que les habían adjudicado el mismo terreno mediante la resolución 135/16.
«Esta familia se fue después porque tenían un bebé y porque Tierra y Hábitat después les otorga un terreno en junio de este año. Mientras tanto volví a presentar todos los papeles que incluía documentación del grupo familiar las tres veces que fui censada, facturas de los materiales que compré y boletas de agua.
Fui a verlo a Sarmiento (Ángel, titular del organismo) y me dijo que siga ocupando el terreno, pero otra gente volvió a meterse», sostuvo la mujer.
El otro episodio de usurpación que padeció Albornoz ocurrió el 15 de julio pasado. Esta vez con las hijas de su vecina de lote, quienes ingresaron violentamente y le sacaron sus pertenencias de la carpa y del terreno estando ella presente.
Nuevamente en la Comisaría de la zona, la mujer denunció que Belén Santillán (hija del secretario general del sindicato de Canillitas) y Andrea Guanca, además de la violencia ejercida, no dejaron ingresar a sus hijos y la despojaron de sus pertenencias, incluida la ropa de abrigo.
Así desde julio pasado, por orden del Maximiliano Troyano de la Fiscalía 7 y de la jueza de Garantías Geraldine Robles, Santillán y Guanca tienen la prohibición de «no innovar el inmueble y obstruir la posesión de la propiedad de Albornoz, además de la prohibición de ejercer actos de violencia física, psíquica y verbal y amenazas».
«Quiero que Tierra y Hábitat me diga de una vez si puedo comenzar a construir o no, que se resuelva mi situación porque sigo viviendo en la carpa y con las usurpadoras», disparó Albornoz.
Fuente: Nuevo Diario