El Banco Macro tiene un privilegio innecesario, su intermediación no es esencial.
En el mes de enero de 1996, a muy poco de asumir como gobernador de Salta, Juan Carlos Romero dictó un decreto de necesidad y urgencia –sin necesidad y sin urgencia alguna- para literalmente regalar el Banco Provincial de Salta al hoy Banco Macro S.A. por entonces llamado Banco de Salta S.A, que obviamente a pesar del nombre había dejado de ser salteño.
A partir de esa fecha la Provincia se desentendió de la administración de todos los fondos públicos, haberes de la administración, manejo de regalías, recepción de coparticipación federal, entre tantas otras prebendas.
De igual manera se le dio a la empresa hoy comandada por el multimillonario Jorge Brito –fortuna amasada a base de negocios como el que mencionamos- el manejo de los depósitos judiciales, con la burla objetiva de que esa otra prebenda monopólica se la mencionaba como que el nuevo banco ahora privado debería hacerse cargo del manejo del dinero judicial, como si fuera una carga y no otro negocio redondo.
El banco oficial de Salta, que no es oficial sino privado, recibe con exclusividad los depósitos de dinero de todo el sistema judicial de toda la Provincia, y por ese ingreso de fondos constante y de una masa millonaria paga de interés una tasa del 0%.
Pero eso no es todo, cuando por necesidades de trámites de los juzgados en las causas en curso, se debe inmovilizar el dinero de los expedientes por un tiempo prolongado, es común que a pedido de los letrados o de oficio se coloque el dinero a plazo fijo renovable pero no en el banco que el peticionante elija de acuerdo a su conveniencia, sino obligatoriamente en el Banco Macro S.A., dinero por el que la entidad paga un interés muy inferior al de plaza y a la vez utiliza ese dinero prestable a mucha mayor tasa que la que abona.
Los depósitos de dinero del fuero laboral también tienen el mismo destino, con lo que se aprecia que los trabajadores despedidos, accidentados, viudas de trabajadores de accidentes de trabajo y acreedores de créditos alimentarios derivados de relaciones laborales, son los que engrosan diariamente el grosero patrimonio del potentado bancario, beneficiado con un gracioso monopolio financiero.
Durante la vigente cuarentena por la pandemia del virus COVID 19, la corte de Justicia estableció que un Jugado del Trabajo cumpliera turno de feria, y así se cumplió, interviniendo para medidas de urgencia tales como resoluciones cautelares y pagos de créditos pendientes de orden alimentario.
Dentro de esas secuencia hubo abogados impedidos de concurrir a la Ciudad Judicial por la orden de cuarentena establecida, que virtualmente subieron al sistema IURIX sus peticiones de pago y aportando su CBU -donde tienen cuenta corriente o caja de ahorro- pidieron les fueran transferidos los fondos.
Con buen criterio la Señora Jueza actuante ante la emergencia comunicó a la Corte de Justicia esa situación, solicitando instrucciones sobre los pedidos de transferencia bancaria directa a las cuentas de los beneficiarios, cualquiera fuera el banco receptor, lo que por la ventaja de la informática se puede efectivizar sin inconvenientes. Hasta el momento la Corte no ha dado respuesta, y las transferencias no se hicieron, obligando a los letrados a concurrir a la edificio judicial para realizar el trámite ordinario, en vez de que sus acreencias le fueran depositadas en sus cuentas.
Esta situación ha desnudado lo que tantas veces antes hemos denunciado, la absoluta y total falta de necesidad de que sea el Banco Macro el único beneficiario del manejo de los fondos judiciales, que bien pueden ser administrados por cualquier banco, y tanto ciudadanos titulares de trámites que impliquen cobro de dinero en concepto de capital, como abogados y procuradores, peritos, y demás actores del sistema judicial puedenofrecer su CBU para que se depositen sus créditos, sin necesidad alguna que siga siendo ese banco surgido de los negocios del poder el único beneficiario.
El silencio de la Corte de Justicia, se explica por sí mismo. Si se hubiera autorizado a la señora Juera del Trabajo para que autorizara la transferencia a otros bancos, se hubiera puesto en evidencia que el Banco Macro tiene un privilegio innecesario, que su intermediación no es esencial, y que en definitiva el absurdo monopolio de los manejos de muchos millones de pesos derivados del sistema judicial a su sola voluntad sólo beneficia a una parte.
Es hora de revisar los actos de gobierno, y naturalizar la decencia y la honradez en el manejo de la cosa pública.
POR: Daniel Tort
DNI: 12.876.948