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sábado, julio 20, 2024

Una ONG denuncia un desalojo violento por parte de la Provincia

Fundación Lapacho, pionera en la lucha contra la violencia familiar, social y abuso sexual, exige que se cumplan los procesos administrativos sobre una casa cedida en comodato.

 

En medio de la emergencia por violencia de género en Salta, los responsables de una ONG que trabaja desde hace más de 25 años en el tema denunciaron que los desalojaron con violencia de la casa donde desarrollaba sus actividades. El inmueble había sido cedido en comodato por parte del Gobierno provincial.

Fundación Lapacho se comunicó conEl Tribunopara informar a la comunidad que, ante esta situación, los interesados deben dirigirse a General Gemes 575, de 16.30 a 20.

En 2004 el Gobierno reconoció la labor de Lapacho y le cedió en comodato la casa ubicada en Mariano Boedo 167, en Salta capital, a través de un contrato que -tras una actualización en 2007- vencía el 14 de noviembre. En octubre la comisión directiva había solicitado la prórroga del contrato por el máximo plazo posible.

El 6 de noviembre, al ingresar, encontraron una nota que decía que el 14 debían entregar las llaves y desconocía el pedido de prórroga. Entonces pidieron un recurso de reconsideración de la medida, que presentaron al director general de Tierras Fiscales y Bienes del Estado, Lucas Sacchetti, con copia al gobernador de la Provincia,JUAN MANUEL URTUBEY; al ministro de Salud, Roque Mascarello, y al exjefe de Gabinete, Carlos Parodi.

A pesar de que este trámite generó un número de expediente, el martes 14 de noviembre se dieron con que habían cambiado la cerradura y habían sacado la placa identificatoria “con total prepotencia e impunidad”. Los 15 hombres que iban a participar de un taller psicoeducativo en un marco de confianza, privacidad y respeto debieron hacerlo en la vereda.

“Fundación Lapacho, portadora del mensaje de lucha por una cultura de la paz, fue violentada institucionalmente sin ningún respeto a la labor que realiza, al grupo humano que asiste, su trayectoria, su trabajo, pero, sobre todo, a las personas que buscan este espacio para ser contenidas y no revictimizadas”, manifestaron y denunciaron que adentro están sus elementos personales y de trabajo.

“Mientras haya un recurso administrativo, se suspenden las medidas hasta que se expidan a favor o en contra. Esperamos que se resuelva el recurso o que alguien nos cite formalmente”, dijeron.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron aEl Tribunoque Fundación Lapacho fue notificada debidamente. La casa ahora depende del hospital San Bernardo, que la destinará a la Oficina de Violencia y al Programa Comunitario.

Esteban Cabrini, responsable de la Oficina de Violencia, informó aEl Tribunoque en enero pidió que se les otorgara la casa. “Está al lado del destacamento policial y tiene salida directa a la calle, con lo cual va a beneficiar mucho la actividad de la oficina, que trabaja con la Policía y el Ministerio Público”, indicó. Cabrini explicó que el gerente del hospital, Ramón Albeza, hizo el pedido a Mascarello.

“Hace dos o tres meses salió una noticia que decía que la casa estaba abandonada y los indigentes dormían en el jardín. Eso determinó que el ministro de Salud decidiera que se nos otorgara la casa. Nos informó a nosotros, al Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda y a la Dirección de Bienes del Estado”, afirmó. Calculan que en febrero comenzarán a usar la vivienda porque desde el Ministerio de Salud les dijeron que la Fundación pidió dos meses más para sacar sus cosas.

La comisión directiva de Lapacho aseguró que no pidieron esto. “Primero, no sabemos quién cambió la cerradura y, segundo, esperamos que se expidan sobre el recurso de reconsideración. Queremos contar con un espacio físico y que se reconsidere la situación. Nosotros solo trabajamos por la gente”, señalaron.

Se mostraron muy molestos con la nota que se publicó en un portal hace algunas semanas. Manifestaron que, como no tienen el subsidio que antes les daba el Gobierno, no pueden pagar una secretaria y abren solo por la tarde. Explicaron que siempre priorizaron tener limpio el inmueble y hacer arreglos. Admitieron que en la época de frío personas en situación de calle dormían en la vereda, como en muchísimos lugares de la ciudad. “Sacar a la gente por la fuerza, mientras dormía en la vereda, era violentar”, argumentaron.

“Lapacho es más que una casa, es una institución. Como somos más que una sede seguimos trabajando”, expresaron. Ahora esperan que el nuevo ministro de Derechos Humanos los convoque.

 

 

Fuente: Bernardita Ponce Mora El Tribuno

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