Pese a que elaboró un decreto en febrero de 2008 que pretendía reglamentar la designación de jueces por el Poder Judicial, Urtubey renovó los cargos de los jueces Samsón y Catalano, a pesar que la normativa dice que se debe esperar que se produzca la vacante.
No es novedad que el gobierno de Juan Manuel Urtubey ha estado marcado por un manejo totalmente discrecional de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. Hasta hace poco fue criticado por un enroque judicial entre Abel Cornejo y Pablo López Viñals. En esta ocasión, es noticia porque renovó la designación de Ernesto Samsón y Guillermo Catalano.
La normativa, que el mismo gobernador firmó en febrero del año 2018, sostienen que la designación de los jueces no puede producirse antes de que el puesto quede vacante, ya sea por renuncia, fallecimiento o vencimiento de la duración del cargo. En el caso de los jueces, se producirán recién en noviembre y en diciembre.
Si bien es cierto que el gobernador puede dejar sin efecto sus decretos, e incluso hacerlo de forma tácita mediante el dictado de una norma posterior contradictoria, este caso es distinto, dado que el decreto 617/2008 es, de forma clara y manifiesta, un “decreto reglamentario constitucional”, que solo puede ser enmendado o derogado mediante una norma de similar rango, alcance y contenido; es decir, por otro reglamento de las mismas características, que no sería este el caso.
Lógicamente, el gobernador Urtubey quiera apurar ahora los trámites, porque según el reglamento establecido por su propio criterio, y si siguiera los tiempos legales, los nuevos jueces entrarían en vigencia cuando él ya no sea gobernador y cuando la Cámara de Senadores sea otra, alinead, naturalmente, con el gobierno de turno. El procedimiento del Decreto 617/2008, establece un plazo de publicación de tres días y otro plazo posterior de quince días para que organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, universidades y ciudadanos en general puedan formular observaciones e impugnaciones a los nombres propuestos por el gobierno. Por último, el artículo 9º establece un plazo máximo de otros quince días que comienza a computarse desde la expiración del plazo anterior, por lo que no darían los números si quisiese que Samsón y Catalano sean aprobados para continuar.
Además de faltar a la esencia del decreto creado por él mismo, y con ayuda de Samsón, Urtubey también falta a otro aspecto fundamental del decreto: promover la elección de nuevos miembros, para evitar que “permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”, o, en todo caso, justificar por qué Samsón y Catalano representarían esas características.
Organismos como el FOCIS ya están trabajando en un escrito, para rechazar de cuajo dichas candidaturas, entendiendo que atenta contra la independencia de los poderes, como máximo valor de la República.