Para la titular de SITEPSA, el escándalo con los docentes por los cursos truchos expone un sistema de capacitación privatizado, sin controles reales y con un Estado que prefiere castigar trabajadores antes que investigar el negocio.
El escándalo de las certificaciones irregulares en el sistema educativo salteño volvió a dejar al descubierto una práctica repetida: cuando algo estalla, el hilo se corta por lo más delgado. Esta vez, la lupa está puesta sobre cientos de docentes, mientras el Gobierno, a través del secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, construye un relato donde los responsables parecen ser, casi en exclusividad, quienes hoy están en las aulas.
La secretaria general de SITEPSA, Victoria Cervera, describió una situación “sumamente compleja” que se destapó a partir de un entrecruzamiento de datos realizado por la Junta Calificadora. Al comparar las certificaciones presentadas por los docentes con los registros del Departamento de Títulos, se detectaron duplicaciones groseras: un mismo número de registro aparecía en diez o quince certificados distintos. El hallazgo obligó a auditar una por una las inscripciones y retrasó la publicación de los cuadros de mérito, dejando a cientos de trabajadores en la incertidumbre.
Para la dirigente sindical, reducir el problema a una supuesta estafa individual de los docentes es una simplificación interesada. “Acá hay una responsabilidad primaria del Gobierno”, advirtió. Y añadió: “Los cursos de capacitación deben estar autorizados y controlados por el Ministerio de Educación, que además define la línea pedagógica y los mecanismos de validación. Si cursos no autorizados circularon durante años sin ser detectados, es porque el Estado falló en su rol de control”.
La trama se vuelve aún más opaca cuando se pregunta quiénes dictaron estos cursos, quiénes los vendieron y quiénes se beneficiaron económicamente. “La capacitación docente es un negocio enorme”, señaló Cervera, y apuntó a grupos de exfuncionarios que conocen el sistema y saben que existe un mercado cautivo: docentes obligados a pagar de su propio bolsillo capacitaciones privadas, carísimas, para poder sumar puntaje y no quedar fuera del sistema.
En ese contexto, muchos docentes terminaron comprando certificados o fotocopias que acreditaban postítulos que nunca cursaron. Pero desde SITEPSA advierten que no todos los casos son iguales y que no se puede avanzar con sanciones generalizadas sin garantizar el derecho a defensa. “Estamos hablando de trabajo. Son más de 400 docentes y se tiene que tomar una decisión política clara, no una caza de brujas”, remarcó la gremialista.
El conflicto también reabre una discusión estructural que el Gobierno evita: por qué la capacitación docente quedó librada casi exclusivamente al mercado privado. Un postítulo puede costar lo mismo que un sueldo inicial, mientras el Estado se desentiende de la capacitación situada, gratuita y acorde a las realidades de cada institución. Ese abandono es el caldo de cultivo perfecto para estafas, irregularidades y negocios paralelos.