Ana Pérez Declercq, integrante del directorio del OVcM remarcó, además, la necesidad de contar con mayores recursos. “No hay una valoración del personal que tiene que responder a cuestiones que son muy graves”, aseveró.
Ayer se presentó el informe anual del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Ana Pérez Declercq, integrante del directorio del organismo, brindó algunos detalles al respecto y destacó la necesidad de destinar mayores recursos al diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes prevenir y erradicar la violencia por motivos de género.
Para Pérez Declercq, es importante destacar la continuidad en el relevamiento de datos, lo que permite identificar patrones que se repiten, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de las llamadas al Sistema de Emergencias 911 se realizan los domingos por la noche, y vienen en aumento desde 2018. Salta, cabe recordar, prorrogó la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la Provincia hasta septiembre de 2024.
En este sentido, la funcionaria remarcó que la Provincia sigue estando en los primeros lugares en el país en cantidad de femicidios, con 10 hechos caratulados por las fuentes oficiales como tales: Janet Juárez, Nicole Natacha Yapura, Nuri Klimasauskas, Alejandra Cardozo, Rosa Aranda, Dominga Ferreyra, Cyntia Marcela Guaymás, Lucrecia Alegre, Mercedes Kvedaras y el caso de una mujer hallada en la vía pública en Orán el 20 de octubre de este año, hecho que aún se investiga.
Algunas cifras
Según los datos publicados en el informe anual del Observatorio, la violencia psicológica y física son las más denunciadas, representando casi el 90%. En tanto que otro tipo muy común de violencia es la económica, representada muchas veces por el incumplimiento en el pago de cuotas alimentarias. Sin embargo, estas denuncias no superan el 4% del total analizado dado que “es un fenómeno que cuesta advertirlo al momento de categorizar por ser sigilosa, y muchas veces revestidas por la violencia psicológica”, según el informe.
La violencia sexual, por otro lado, representa el 2% de las denuncias por violencias de género y familiar totales cursadas en la Oficina de Violencia Familiar y de Género, en donde también existe una modalidad de violencia “sin especificar”.
La violencia en el ámbito laboral y de acoso callejero, tienen también un peso menor sobre el total de las denuncias, mientras que las denuncias por violencia política, institucional y obstétrica “tienden a cero”. Claro está, esto no implica que no exista, sino que simplemente no se denuncia. No obstante, en el informe se señala que durante 2022 y 2023 el Observatorio recibió pedidos frecuentes de capacitación por parte de diferentes organismos públicos, privados y sindicatos, muchas veces por hechos de violencia de género ocurridas dentro del ámbito laboral.
Cabe señalar que en la mayor parte de los casos, la persona denunciada es ex pareja, seguida por alguna persona de la familia nuclear, la pareja y, finalmente, la familia extendida de la denunciante.
Faltan recursos y capacitación
Según analizó la directora del OVcM, “el cambio cultural tiene que estar acompañado por políticas de gobierno”. “Antes no había una Secretaría de las Mujeres, ni un organismo que trabaje en tema de violencia, pero falta mucho”, sostuvo.
En los municipios, señaló, “el compromiso de quienes trabajan excede el salario y de eso se abusa”. “La mayoría, por no decir el total, tiene su teléfono las 24 horas. Y un médico de guardia cobra minuto a minuto ese teléfono prendido. No hay una valoración de este personal que tiene que responder a cuestiones que son muy graves”, cuestionó Pérez Declercq.
En tal sentido, advirtió que aumenta la demanda hacia las y los trabajadores de éstas áreas, “pero los recursos son los mismos”. Precisamente, anticipó que se encuentran elaborando un documento para optimizar los recursos del Estado, trabajando en conjunto con las y los diferentes actores involucrados.
Por otro lado, señaló que es muy poca la cantidad de gente que se capacitó en Salta en cumplimiento de la ley Micaela- de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado-, por lo que hizo hincapié en la necesidad de trabajar para pensar estrategias. “En el Estado provincial la gente no hace la capacitación”, aseveró indicando que solo unas 376 personas se habrían capacitado dentro del Poder Ejecutivo, frente a las más de 800 que se capacitaron en el Poder Judicial. “Nuestra idea como Observatorio es monitorear el impacto de esa capacitación”, agregó y recordó que la misma debe ser renovada anualmente.
Consultada sobre la transición y los anuncios de recortes presupuestarios, aseguró: “A nivel provincial no hay un cambio, y siguen los programas actuales. Ayer estuvo Villada- Ricardo, ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo- y sostuvo que son políticas que van a continuar”, aunque enfatizó: “No sabemos si el nuevo intendente va a continuar con la política”.
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