En diálogo con Opinorte, Carlos Zapata, dijo que no tiene dudas que “hay más funcionarios que deben estar involucrados” en la causa por facturas apócrifas que tiene al empresario Matías Huergo como principal sospechoso de una asociación ilícita.
“Las circunstancias en las que se sucede el acto, hace pensar que hay muchos funcionarios implicados, aunque la Justicia todavía no los haya citado como imputados”, indicó.
“La Municipalidad tendría que haber separado de sus funciones a los funcionarios involucrados, dispuesto la investigación a través de sumario, ordenar la auditorías, y compartir los presupuestos. El tiempo transcurrido ya es suficiente como para que hayan obtenido resultados de lo que sucedió en la Municipalidad”, agregó.
Según Zapata hay que esperar, respetar el principio de inocencia de todos y confiar en la justicia pese a que “a pesar de que puede haber un intento por parte de la política de intervenir en la investigación”.
En ese sentido que no se trata de una operación política contra la gestión de Saenz: “acá hay un año de escuchas y de investigación de la AFIP, no tiene nada que ver con el proceso electoral”.
Y sostuvo:» Yo confío plenamente en el Juez Bavio y en su apego a la ley, y no me cabe la menor duda de que va a aplicar el derecho y la ley en defensa de quien corresponde».
“Tratar de disfrazarlo como una operación política es tratar de engañar a la población”, dijo y opinó que él “no hubiese procedido como Sáenz. Tendría que haber separado funcionarios, y en un plazo breve obtener conclusiones y hacerlas públicas”.
“Decir que lo están presionando solo cabe en una mente bastante sucia. Hace un año y medio, cuando se iniciaron las investigaciones, nadie sabía que Gustavo Sáenz se iba a presentar para gobernador. Esta investigación la abrió un juez federal, no un partido político. Sáenz pretende disfrazar esto y victimizarse para decir me están haciendo una operación. Eso significa que tiene muy pocos argumentos para defenderse o realmente entra en una especie de inercia en donde todo el espectro político se siente perseguido”, señaló.
“Cuando asumió Cambiemos, conocí Laura Alonso. Ante todo lo que venía de la corrupción K, le mando un mail a Alonso recomendándole que tuviera la posibilidad de que cuando se firmasen los convenios entre provincias o municipios y la Nación, que los mismos estén sujetos a la aplicación por parte del destinario, y que se registre en la oficina anticorrupción. Uno firma un convenio, pero tendrá que tener una ley de acceso a la información pública, controles independientes, lamentablemente no me hizo caso”, indicó para terminar la charla con nuestro sitio web.