Saeta extendió, sin licitación de por medio, un año más de contrato de las empresas prestatarias de los servicios de transporte público. Según aseguro Gustavo Muhr, presidente del organismo, la extensión del plazo se debió a las condiciones impuestas por la cuarentena.
Sin llamar a licitación, la empresa SAETA, que controla la prestación del servicio urbano e interurbano de pasajeros y es un organismo del Estado, renovó los contratos por un años más a las ocho empresas prestatarias que ahora prestan el servicio. Idéntica situación había sucedido en el año 2018, donde bajo el argumento de una crisis generada por la caída de los subsidios nacionales al transporte público.
La disposición fue presentada ayer en el Boletín Oficial, donde se deja constancia que se extiende hasta agosto de 2021 inclusive el contrato de las empresas Transal, Cóndor, Alto Molino, Ale Hnos, Ahynarca, UTE Lagos y San Ignacio, que se encargan de la prestación del servicio desde el año 2005.
El presidente de SAETA, en conversación con el Tribuno justificó la decisión por las condiciones y restricciones impuestas por la cuarentena: «el impacto de la situación de la emergencia sanitaria en la planificación de los servicios, no permite tener disponible un acabado esquema de requerimientos relativo a esta nueva red de servicios. Esto es, no se podría establecer acabadamente cuál sería la cantidad de kilómetros mensuales requeridos por el nuevo sistema, o la cantidad de coches que necesita cada recorrido para cumplir su frecuencia. Esos requerimientos resultan indispensables para la formulación de un nuevo contrato». La caída en la recaudación en las empresas y la imposibilidad de poder competir contra capitales más fuertes fue también otro de los elementos para tener en cuenta para la decisión.
Respecto del tema, habló el legislador tucumano Ascárate, quien en charla con FM Aries, consideró una involución el aplicar el mismo modelo salteño en tierras tucumanas. Al respecto, el diputado manifestó “Esto para Tucumán sería una involución porque tenemos una ley de Transporte y una Ordenanza municipal con sistemas de concesiones que están vigente, no tenemos permisos precarios sino concesiones en regla” y cuestionó el hecho de que las empresas sean simples administradores, dado que el Estado pone el resto de los recursos.