Un extraño clima se vive en Salta luego de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-. Dos diputados advierten intentos de amedrentamiento luego de promover dos acciones de inconstitucionalidad contra el aborto.
Se trata del oficialista diputado por Capital Andrés Suriani y de su par, la legisladora Cristina Fiore, quien desde su asunción como diputada provincial se recostó en el ala opositora al gobierno provincial. No obstante, esa divergencia no impide que ambos actúen en frente único contra la legalización del aborto que sancionó el Congreso nacional a fines del año pasado.
Luego de haber promovido dos acciones de inconstitucionalidad contra el protocolo del aborto no punible (que está vigente desde hace prácticamente un siglo) y en contra de la recientemente sancionada Ley IVE, ante la Justicia Federal, ambos legisladores salieron a plantear públicamente que son blanco de ataques, en principio, de sectores radicalizados que están en contra de sus presentaciones.
Fiore, a través de la red social Twitter, denunció que en diferentes ámbitos de comunicación se “viralizó” su domicilio, el del diputado Suriani y el de quienes firmaron la presentación ante la Justicia.
“Preocupa la sucesión de amenazas a mi persona agravados por la reciente viralización de mi domicilio particular. No les tengo miedo! pero no podemos tolerar estos actos cobardes que solo buscan callar las voces de quienes defendemos a los que no tienen voz!”, publicó Fiore y por la misma red social, Andrés Suriani se hizo eco expresando solidaridad.
Tratamiento en Feria
El juzgado federal n° 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, habilitó la feria de enero para tratar un pedido de inconstitucionalidad de la ley de legalización del aborto aprobada en el Congreso nacional.
El pedido fue recibido por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, quien pidió el tratamiento inmediato de la demanda.
En la presentación, los denunciantes sostienen que el protocolo aprobado es «inconstitucional en tanto elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer en virtud de la ilegal ampliación de la inimputabilidad penal a casos no previstos en los supuestos de hecho contemplados en el art. 86, incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación».
Los demandantes sostienen también que «el protocolo se posibilita que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el art. 18 de la Constitución Nacional, como ser matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados dado que no se fija límite temporal alguno”.
La presentación judicial es una acción declarativa de inconstitucionalidad.