Este martes, la Cámara de Diputados de Salta tratará un proyecto de adhesión a la Ley nacional 26.815 de Presupuestos Mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales. La legislación redunda sobre una herramienta legal que está vigente en todo el territorio nacional y poco aporta a la problemática concreta.
La Ley nacional 26815 está en vigencia desde el año 2013 y establece obligaciones para el Estado y los privados y marca pautas para la asignación de fondos que maneja Nación para combatir los incendios.
Lo que tratará Diputados, es un proyecto de ley en revisión, que ya fue aprobado en el Senado, cuya iniciativa fue formulada por los senadores Dani Nolasco y Miguel Calabró, de La Poma y La Caldera respectivamente.
En gran medida, la iniciativa replica el texto de la Ley nacional y redunda sobre obligaciones que en cualquier caso están vigentes hace casi diez años.
Un aspecto relevante, sobre todo para Salta que padece incendios forestales hace más de 120 días, está contenido en el quinto artículo del proyecto y establece la obligación de crear el “Plan Provincial de Manejo de Fuego, dentro del primer cuatrimestre del año” programando “actividades específicas y la asignación de roles y funciones para la concreción de los objetivos de la presente Ley; las condiciones para la intervención en cada uno de los niveles de actuación; las medidas operativas de prevención, presupresión y supresión, de acuerdo con el grado de peligro de incendios; los métodos de cuantificación y evaluación de siniestros; las condiciones y modalidades para la utilización de los medios de comunicación, difusión y redes sociales con el objetivo de impartir a la población las recomendaciones e instrucciones para su resguardo personal y el de los recursos afectados; los mecanismos de participación ciudadana; y lo que determinare la Autoridad de Aplicación en razón de las necesidades y recomendaciones que considere oportunas.
Obligaciones y responsabilidades
En el análisis del abogado ambientalista Luis Segovia, la iniciativa que puede recibir sanción definitiva este martes, no aporta nada nuevo a la problemática de fondo, que ha sido expuesta crudamente durante más de cien días en Salta.
“Las obligaciones y operatividades de la provincia están vigentes. Es decir que totalmente inocuo que estén sancionando una ley cuyo contenido tiene plena vigencia en todo el territorio nacional desde hace diez años”, dijo Segovia a Opinorte y consideró además que el texto que ya fue aprobado en el Senado, toma letra del proyecto nacional y no suma elementos para ayudar a resolver el problema.