El Procurador General de la Provincia, salió presuroso a cuestionar lo manifestado por la diputada Emilia Orozco, quien había vinculado al crimen de Liliana Ledesma con el delito de trata. Sin embargo, García Castiella no muestra la misma celeridad para que avance el pedido de jury contra el juez Laurenci, quien permitió la salida y fuga del sicario de Ledesma.
Recordemos, el pasado 11 de enero, Opinorte publicó la noticia sobre lo ocurrido en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, la legisladora salteña, Emilia Orozco, habló sobre los delitos del crimen organizado en Salta y vinculó el asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido en septiembre de 2006, con el delito de trata de personas. El yerro fue notorio porque hace pocos meses finalizó el juicio contra los instigadores de ese crimen, los hermanos Raúl y Delfín Castedo y el hecho tuvo que ver con el narcotráfico mas no así con la trata de personas.
En la víspera, el Jefe de los Fiscales, Pedro García Castiella, se encargó de emitir un comunicado oficial, en el que señaló lo siguiente: la causa de Liliana Ledesma fue calificada como “delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, descartando que hubo una situación de trata de personas.
Un empeño desenfocado
Al antecesor de García Castiella en la Procuración, muchos lo caracterizaban como una figura mediática que buscaba fortalecer su exposición permanentemente para luego apuntar a algún cargo ejecutivo o electivo. En efecto, ese fue el derrotero de Abel Cornejo, aunque fracasó ante las urnas.
Al parecer, el actual Procurador tiene la misma predilección por los medios de comunicación, la exposición y las redes sociales. Eso es lo que explica, por ejemplo, el empeño en aclarar las manifestaciones de la diputada Orozco, a quien este medio ya le había hecho el señalamiento y dejar de lado la insistencia para que avance la denuncia al Juez Edgardo Laurenci ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, que él mismo formalizó a principios de octubre del año pasado, por mal desempeño de sus funciones.
Desde ese momento, hasta la fecha, la denuncia no ha sido siquiera analizada por los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, tampoco se resolvió sobre la admisibilidad del planteo de la Procuración y menos aún se dio inicio al proceso. En una primera instancia, algunas consideraciones daban cuenta de la inconveniencia de la denuncia al juez que permitió la salida del sicario Lino Moreno, autor material del asesinato de Liliana Ledesma, porque se desarrollaba simultáneamente el juicio contra los hermanos Castedo, quienes finalmente fueron condenados. De manera que finalizado el juicio, cuyo Tribunal fue presidido por Laurenci, no quedaban más excusas que darle continuidad al proceso.
Desde la Procuración, claramente, denotan cierto desinterés por la determinación de las responsabilidades del Juez de Orán, Edgardo Laurenci, si se tiene en cuenta lo que se elige destacar y comunicar oficialmente.
En el Ministerio Público Fiscal también hay otras asombrosas omisiones, como el hecho de no haber revisado la actuación en torno a condena en segunda instancia de Santos Clemente Vera, un hombre que estuvo once años preso siendo inocente. Tampoco procedió a investigar un hecho escandaloso de corrupción como la presunta defraudación al fisco y la malversación de fondos públicos, todo esto en torno al cobro de pauta publicitaria para programas inexistentes en el medio de Mario Ernesto Peña.
Con el regreso del verano, vuelve el dolor y la indignación por la mortalidad infantil en el norte de Salta. Esta situación también fue judicializada porque el gobierno de Urtubey creó un ministerio para atender esa problemática, pero su fracaso y las irregularidades fueron contundentes. Todos estos hechos fueron denunciados pero las presentaciones, duermen en los cajones.
Sobre estos y otros casos, la Procuración no propone una aclaratoria pública ni insiste en marcar qué es lo inadmisible en materia de calidad institucional, en una provincia como Salta. Si los funcionarios judiciales no abandonan su sobreactuación gestual, el porvenir es aún más preocupante que el presente. (Enrique Briones)