Con la clausura total de Finca Karina, uno de los principales pasos informales en la frontera con Bolivia, Aguas Blancas enfrenta un escenario crítico: saturación del centro urbano, ingreso masivo de personas, tránsito desbordado y riesgo de reapertura de pasos clandestinos.
El cierre fue dispuesto por fuerzas federales en el marco del Plan Fronteras Protegidas impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con apoyo del Gobierno de Salta. Según confirmó el interventor municipal, Adrián Zigarán, es la primera vez que el acceso se mantiene cerrado de manera continua durante más de 48 horas, lo que generó un reordenamiento forzado de la dinámica local.
“Están ingresando entre 3.000 y 5.000 personas más al centro del pueblo. Aguas Blancas ya estaba colapsada en infraestructura y circulación. Esta situación desborda todo”, aseguró Zigarán.
Finca Karina es una propiedad privada ubicada al sur del casco urbano de Aguas Blancas, utilizada durante años como paso informal para el cruce de personas y mercadería hacia y desde Bermejo (Bolivia). Aunque no contaba con habilitación oficial, allí funcionaban decenas de puestos de venta, embarcaderos improvisados y espacios de carga, sin controles fiscales ni migratorios.
El lugar era foco de denuncias por contrabando, evasión fiscal, tráfico de estupefacientes, trata de personas y circulación de bandas armadas. Incluso en mayo pasado se produjo un asalto comando que fue filmado y difundido por redes sociales, evidenciando el nivel de violencia en la zona.
Tras esos hechos, el Ministerio de Seguridad activó un operativo conjunto de Gendarmería y Prefectura, que derivó en allanamientos, decomisos y clausura de accesos.
El cierre de Finca Karina implicó la migración masiva de personas que antes operaban en ese predio hacia el centro urbano, sin que se haya previsto un esquema de contención. Comerciantes, changarines, transportistas y vendedores informales ocuparon calles y veredas en zonas céntricas, afectando la circulación y los servicios básicos.
“Esto se podía haber previsto. Nadie nos comunicó nada oficialmente. Nos enteramos por los medios. Un cierre de este tipo requiere planificación. Hoy es como patear un hormiguero y nadie se hace cargo”, graficó Zigarán en declaraciones a la prensa.
El funcionario solicitó al Ministerio de Seguridad de Salta el envío de efectivos viales y móviles policiales para ordenar el tránsito y aplicar multas, secuestros de vehículos y controles de documentación.
Zigarán advirtió que sin una presencia sostenida de las fuerzas federales, podrían multiplicarse nuevos pasos irregulares: “La frontera es muy permeable. Si no se controla ahora, en cinco días hay dos o tres Finca Karina nuevas. Esta es una zona muy dinámica y sensible”.
Propuso instalar un puesto de control fijo en el kilómetro 28, donde Gendarmería y Prefectura puedan revisar toda embarcación que cruce el Bermejo. Hasta ahora, los controles operan en puntos dispersos y sin conexión directa con el municipio.
Uno de los aspectos menos abordados es el funcionamiento de las chalanas, pequeñas embarcaciones que cruzan personas y bultos entre Aguas Blancas y Bermejo.
“Las chalanas no están reguladas. No aportan al municipio ni a la provincia ni al Estado nacional. Cobran lo que quieren y trabajan sin control. Esto le corresponde a la Dirección Nacional de Fronteras, y hasta ahora no hicieron nada”, dijo Zigarán, en referencia al organismo que conduce Virginia Cornejo.
La falta de regulación también afecta el cobro de impuestos y tasas locales, dejando al municipio sin herramientas para financiar mejoras urbanas o reforzar servicios básicos.
La saturación del pueblo impacta incluso en el sistema de comunicaciones: la antena de telefonía móvil colapsó por exceso de usuarios. “Parece un dato menor, pero refleja lo que está pasando. El pueblo no está preparado para este flujo de personas sin ningún tipo de previsión”, señaló el interventor.
Desde este año, el Gobierno provincial implementó el Plan Güemes, que busca reforzar la presencia estatal en zonas fronterizas. La medida articula fuerzas federales, Policía de Salta, Aduana, Migraciones y AFIP.
Pese a esto, la situación en Aguas Blancas evidencia las limitaciones de ese dispositivo cuando no se acompaña de decisiones políticas concretas, inversión en infraestructura y planificación interjurisdiccional.
“Lo que pasó en Finca Karina es un avance. Pero si no se trabaja bien, se convierte en un nuevo problema. Cerrar es fácil. Sostener el orden después, no tanto”, concluyó Zigarán.