El diputado provincial Guillermo Durand Cornejo en una entrevista en Infinito FM aseguró que en la cámara baja existen limitaciones para ejercer la tarea legislativa y denunció que tanto el uso de la palabra como los pedidos de informes son obstaculizados cuando involucran temas sensibles para el Gobierno provincial.
«No se puede hablar de ciertos temas, te cortan la palabra o el micrófono. Algo que nunca se ha visto y no se puede aceptar tampoco», afirmó.
El legislador sostuvo que la principal herramienta de un diputado es la posibilidad de expresarse y controlar al Poder Ejecutivo. Sin embargo, aseguró que esas facultades están siendo restringidas.
«El uso de la palabra es la herramienta principal que tiene un legislador. Eso y el hecho de poder hacer pedidos de informes, controlar la gestión del gobierno. Esa es el arma principal», señaló.
Según Durand Cornejo, los pedidos de informes que resultan incómodos para el oficialismo no prosperan dentro de la Cámara.
«Presentar un pedido de informes muere en los cajones de las comisiones porque han modificado el reglamento ilegalmente y no se pueden presentar pedidos de informes que molestan al Gobierno», denunció.
Las declaraciones se producen luego del fuerte cruce que protagonizó durante la última sesión, cuando intentó exponer una cuestión de privilegio vinculada a una carta documento enviada por la empresa Magic Software Argentina, responsable del sistema de voto electrónico utilizado en Salta.
«Se pusieron como locos porque yo estaba hablando de ese tema. Nombré la palabra corrupción y ahí se vino abajo todo. Me impedían que pudiera hablar y expresar lo que tenía que expresar», sostuvo.
Durand Cornejo aseguró que la empresa intentó intimidarlo por sus críticas al sistema electoral y vinculó esa situación con el Gobierno provincial.
«Ellos se sintieron aludidos y ofendidos y me intiman. En realidad lo que han querido es asustarme y parece ser que a pedido del gobernador esta empresa me manda una carta documento», manifestó.
El diputado remarcó que rechazó la intimación y reivindicó las garantías constitucionales que protegen las opiniones de los legisladores.
«A mí no me van a callar con eso, no me van a asustar con eso. Primero porque es mi obligación como legislador. Segundo porque la Constitución de la provincia me da inmunidad para poder hablar sin ningún tapujo ni limitación», expresó.
Además reveló que presentó una denuncia penal para que se investiguen sus sospechas sobre la contratación del sistema de voto electrónico.
«La sospecha la he tenido siempre, pero yo no puedo investigar. Para eso están los fiscales», indicó. Y agregó: «Hace más de un mes que fui a un fiscal penal y todavía no tengo noticias».
También cuestionó el funcionamiento institucional de la provincia y apuntó contra la Justicia.
«¿Sabe a dónde hay que ir a reclamar cuestiones inherentes a la Cámara de Diputados? A la Corte. ¿Y de quién es la Corte? De los amigos del gobernador. Entonces, ¿cuál va a ser el destino? Ninguno», afirmó.
Finalmente, cuestionó el accionar de las autoridades de la Cámara durante la sesión y sostuvo que se le impidió desarrollar plenamente su planteo.
«De acuerdo a lo que es el reglamento tendrían que haberme dejado expresar para que después mi dicho pueda ser analizado en la Comisión de Legislación General. La verdad es que no sé qué podrán analizar porque no me han permitido expresarme en detalle», concluyó.